Bancos, eléctricas y otros demonios

Ahora asistimos a otro episodio de demonización de estos dos sectores. PSOE y Unidas Podemos han trasladado una proposición de ley en el Congreso para establecer un gravamen temporal a grandes empresas energéticas y bancarias. El Gobierno quiere recaudar 7.000 millones de euros en dos años. Pretende completar con ellos el coste que no cubren los impuestos corrientes, en beneficio del pacto de rentas y la asistencia social a colectivos desfavorecidos por un incremento de precios desbocado. Cualquiera con un mínimo de sentido de la equidad que lea los 23 folios del escrito registrado en la Cámara Baja por ambas formaciones políticas descubrirá que se trata de un ejercicio un pelín sectario, pobremente argumentado y, por tanto, formulado con ánimo justificativo. O sea, queremos darle un palo a los bancos y las eléctricas, que mola, y ya se nos ocurrirá cómo explicarlo. A los primeros porque van a subir los tipos de interés, después de años planos o negativos, y lógicamente, van a ganar dinero. Lo paradójico es que desde que se inventó el primero, un banco gana dinero, principalmente, de la mejor gestión del margen que habilita el precio del dinero y sus riesgos asociados. A los segundos, porque por la inflación han ganado mucho dinero. ¿Legalmente? Importa poco, importa que lo han ganado. A lo mejor incluso con mucho sacrificio, innovación y talento. Qué más da.

Así que con una deuda pública en España de casi un billón y medio, el Gobierno se saca de la manga una derrama -ridícula en comparación- de 7.000 millones en dos años que hubiese podido digerir con deuda -como ha hecho casi siempre- o con eficiencia pero que esta semana plantea sin explicar, sobre todo, por qué afecta a bancos, eléctricas, petroleras y no a telecos (Telefónica ganó mil millones hasta junio), farmacéuticas, textiles (Inditex ganó más de 700 millones en el primer trimestre de 2022, un 80% más que un año antes) o a cualquier otro sector y grupo empresarial cuyos beneficios hayan experimentado también un crecimiento extraordinario. Algún remordimiento parece haber en la iniciativa de Moncloa cuando en esa proposición se incluye la excusa falaz de que, en su momento, «importantes recursos públicos fueron movilizados para el rescate de determinadas entidades financieras»: por enésima vez, aquellas entidades reflotadas no fueron ni bancos ni cooperativas de crédito, sino cajas cuya gestión era responsabilidad de políticos.

Algún lector se preguntará a estas alturas por qué me empeño en la defensa de bancos, eléctricas y otros demonios. Mi empeño no tiene que ver con el qué (más tributos para sufragar nuestro estado del bienestar) ni con el quiénes (esos sectores en particular), sino con el cómo. Comparto que haya un pacto de reparto de rentas, que paguen más los que más tienen, que exista un mayor equilibrio de los esfuerzos públicos y privados en el bien común, pero nunca he entendido por qué ganar dinero legítimamente suministrando gas y electricidad o concediendo hipotecas y préstamos es algo malo, o cuando menos peor que hacerlo instalando una línea de banda ancha, vendiendo pantalones o sueros de cloruro sódico. Si se quiere recaudar más dinero de quien más gana, habría que huir de medidas populistas y señalar a todos los que más ganan, no solo a una parte ni, mucho menos, siempre a los mismos. Porque el resultado es un marco de inseguridad jurídica y de agravio evidente. Y eso no parece lo más recomendable en una economía de mercado tan condicionada por organismos internacionales. De hecho, como parece que bancos y eléctricas se rigen por principios abusivos, egoístas y glotones, el Legislativo podría cambiar sus marcos regulatorios. Incluso nacionalizarlos. No lo hacen. Porque ni pueden ni quieren. Prefieren que sean sectores fuertes y vigorosos para darles el palo y tenerlos de enemigos.

Una prueba más, para terminar, de la arbitrariedad y carga idealista -más que ideológica- de lo planteado por PSOE y Unidas Podemos. La CNMC y el Banco de España vigilarán, según proponen, que ese mayor coste de las empresas afectadas no repercuta directa ni indirectamente en los clientes. En una economía compleja y global como la nuestra, eso es materialmente imposible. Alguien -no precisamente desahogado- acabará pagando esos 7.000 millones y es seguro que no serán los consejos de administración de las compañías afectadas.