Bajo coacción

García-Castellón tiene en los medios judiciales, periodísticos y políticos la imagen de ser un magistrado independiente de verdad. Insobornable, por supuesto. Que no mira el carnet del partido de quién está investigando ni necesita ascender en la carrera, ni debe favores a ninguna organización política. Por eso le acosan y le consideran más peligroso. Porque no es susceptible de adaptar su criterio jurídico a los intereses políticos. No es bizcochable como se decía antes. Lo mismo, por otra parte, que los miembros de la sala segunda: Marchena, Arrieta, Palomo, Ferrer y Porres. Los cinco y Manuel García-Castellón han visto reforzada su escolta por el ministro de Interior, el juez Marlaska.

En las redes sociales Castellón ha sido amenazado de muerte después de que instase al Tribunal Supremo a investigar a Pablo Iglesias y otros dirigentes de Unidas Podemos en el marco del 'caso Dina' por denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos. Coincidiendo con esas amenazas, uno de los integrantes de la misma sala del alto tribunal recibía estos días la llamada del director de un periódico digital. El periodista le comunicó que le habían ofrecido una carta manuscrita de Villarejo en la que éste afirmaba tener pruebas de la participación del magistrado en orgías con becarias de determinada empresa. La maquinaria de la infamia, la calumnia y la intoxicación para embarrar el terreno se ha puesto en marcha.

La policía investiga en las redes el origen de las amenazas de muerte y mensajes de odio. Pero la coacción política tiene un origen más transparente. «Todo el mundo sabe lo que va a decidir el Tribunal Supremo», dijo Iglesias. «Políticamente yo apoyo sin fisuras al vicepresidente segundo», dijo Sánchez. «Sería un escándalo internacional imputar a Pablo», clamó Echenique; cese ya a su vicepresidente, dijo Teodoro García Egea del PP. La sala segunda es un tribunal exquisitamente técnico, pero si deciden archivar la causa serán acusados de ceder a la coacción del poder político y si resuelven que debe ser investigado les culparán de ser el instrumento judicial de la extrema derecha. No hay escapatoria.

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