La constatación por la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual correspondiente a 2021, de que los llamados delitos de odio se han disparado un 27% constituye un dato para la inquietud y la reflexión. Que el Ministerio Público atribuya el repunte a conductas ... derivadas de los rigores del confinamiento y a «la polarización y radicalización» políticas dota a las cifras de un cariz singularmente preocupante por lo que comportan para el conjunto de la sociedad.
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Es verdad que la pandemia representa un episodio excepcional, pero que la convivencia se haya visto deteriorada hasta el punto de que proliferen los ilícitos que la menoscaban apunta a un déficit en la respuesta a situaciones extraordinarias; en un contexto, además, que propició las relaciones 'on-line', donde las líneas rojas del abuso se diluyen.
Con todo, es el extremismo al que señala la Fiscalía lo más alarmante de un informe cuyo contenido interpela a los garantes de la seguridad y a quienes ejercen en la esfera pública para prevenir, evitar y combatir excesos y desmanes retóricos que pueden acabar en insultos y agresiones. Pero no solo. Porque el radicalismo únicamente cunde si encuentra un auditorio dispuesto a darle cobijo.
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