El PP, atenazado

Del mismo modo, el tanteo a una agencia de detectives por parte de personas afines al aparato del PP no le exime a ella de explicar con más detalle documental su actuación respecto a la compra de mascarillas de la que se benefició económicamente su hermano. Porque la nota que publicó ayer al respecto, además de extrañamente tardía, incrementó dudas y sospechas sobre el papel desempeñado por Tomás Díaz Ayuso en la operación con la empresa de un amigo de ambos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, trató de mediar en el conflicto reclamando una pronta solución mediante un encuentro cara a cara entre Casado y Ayuso, al tiempo que consideraba imposible dar cuenta de las concesiones públicas durante los primeros momentos de la pandemia. Invitaba así a orillar tal cuestión para pacificar las relaciones en el seno del PP. Un consejo este último ciertamente controvertido cuando, por otra parte, Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos se personaron ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el caso sobre el que el propio líder del PP deslizó la sospecha de la utilización de un testaferro para formalizar el contrato de las mascarillas por parte del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Es lógico pensar que el Ministerio Fiscal extremará sus cautelas ante una denuncia en la que concurre un doble enfrentamiento político: en el seno del PP y por parte de la oposición de izquierdas al Gobierno de Ayuso. Pero basta pensar en la judicialización del conflicto, por esta vía o por cualquier otra, para prever un litigio duradero que impida restablecer la paz entre los populares de Madrid y, por ende, en el conjunto del PP. El principio constitucional de la presunción de inocencia no libera a la presidenta autonómica de su obligación política de esclarecer los hechos antes de que actúe la Justicia. A no ser que opte por contraatacar judicialmente a cuenta de los indicios de intento de espionaje sobre su persona y sus allegados.