Armonización fiscal

En primera instancia, según lo establecido por el propio gobierno, el referido comité deberá dar su opinión sobre los impuestos que gravan la riqueza de las personas, y que, por su propia naturaleza, afectarán a una parte minoritaria de la población. En otras palabras, parece necesario establecer una cierta armonización en los tributos cedidos totalmente a las comunidades autónomas, y en concreto al impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones. El asunto ha cobrado actualidad a raíz de la información recién publicada de que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, redujo a cero en ella el impuesto de donaciones entre familiares en primer grado para beneficiarse ella misma de tal ventaja fiscal.

En este asunto, hay un abanico de posibilidades, que inevitablemente tiene carga ideológica. El impuesto sobre el patrimonio es una figura infrecuente en Occidente y genera serias dudas ya que, obviamente, quien acumula un determinado patrimonio ha tenido que pagar previamente los impuestos sobre las rentas que le han permitido formarlo. Se gravarían por tanto dos veces los mismos flujos económicos.

El impuesto de sucesiones -sobre la herencia- sí tiene en cambio una justificación teórica incuestionable: quien se ha enriquecido, lo ha hecho en comunidad y gracias a pertenecer a una estructura social determinada; es, pues, lógico que a su muerte, una parte de su patrimonio sea devuelto a la sociedad que lo acogió, en tanto la otra parte pasa a sus herederos. El impuesto sobre donaciones inter vivos debería regirse con los mismos criterios. Y para consolidar esta posición, sería lógico que el Estado estableciera unos mínimos obligatorios. O bien que impusiera un impuesto estatal que se superpondría al autonómico, que a su vez podría ser fijado según decida cada comunidad.

El Estado de las autonomías, un sistema cuasi federal, no ha de ser uniforme ni unitario, por lo que es admisible cierta diversidad, e incluso la sana competencia fiscal entre comunidades, pero dentro de ciertos límites (la fijación del sistema fiscal vasco, beneficiado por la singularidad del concierto, ya dio lugar en su momento a sabias reflexiones sobre este asunto). Pero no es funcional ni equitativo que las herencias, que tiene una fuerte carga simbólica en la organización social, sean gratuitas en algunos lugares y sumamente onerosas en otros. Las deslocalizaciones por esta causa son, además, dañinas.

El otro asunto que abordará el referido comité, en un marco de no subida de impuestos que supone la estabilidad por el momento del IRPF y el IVA, será el impuesto de Sociedades. La tendencia occidental es al alza, y el propio Biden ha anunciado que subirá en USA del 21 al 28%, no sin afirmar que sería deseable una armonización global para evitar dumping social. En la Unión Europea, la idea de la armonización fiscal, que era poco menos que blasfema hasta hace poco, empieza a cabalgar sobre la idea de que no es razonable que las grandes multinacionales se beneficien de una dispersión fiscal insoportable, de forma que se abren paso los criterios de que el IS debe homogeneizarse hasta cierto punto y las empresas deben tributar no donde quieran sino en donde radique el grueso de su actividad.

En España, país cuya presión fiscal es excesivamente baja para asegurar un estado de bienestar razonable, las tarifas no son insuficientes: lo excesivo es el conjunto de desgravaciones y excepciones. El IS real es de un solo dígito, en el IVA existen tipos reducido y superreducido que minan la recaudación. Quizá convenga revisar esta situación irregular antes de planear cambios que habrá que dosificar en todo caso con el mayor consenso y con el más exquisito cuidado.