Tres precios, tres chantajes

Desengañémonos, aquí no está en juego la investidura de Salvador Illa ni el nuevo Govern. Lo que Sánchez se juega en este envite es el futuro de la legislatura y la posibilidad de tener Presupuestos el próximo año. Puigdemont va a un programa de máximos en sus exigencias y los de ERC no quieren quedarse atrás, por eso Marta Rovira trata de apartar al pactista Oriol Junqueras y quiere un cupo económico similar al del País Vasco para empezar a hablar. La 'singularidad fiscal' para Cataluña no es sino una muestra más de la ruptura de la solidaridad y la equidad interterritorial. Los independientes quieren rancho aparte porque quieren comer más que el resto y en su horizonte de futuro piensan en la desconexión con España librándose de los 15.000 millones de deuda que tienen pendientes por su mala gestión. El plan va mucho más allá de lo que se percibe a primera vista. Además, saben que ahora o nunca, porque no van a encontrar a un gobernante tan débil como Pedro Sánchez y más dispuesto a renegar de sus principios, en este caso de los que siempre defendió históricamente el PSOE en materia de fiscalidad, con tal de continuar en el poder.

Hasta ahora los 'puigdemones', con la inestimable colaboración de Esquerra, han pasado un primer cheque al cobro por su apoyo a la investidura de Sánchez. En el talón pone claramente 'amnistía' y a fe que la han conseguido y de qué manera. Si para eso hay que cargarse los principios ideológicos socialistas, se hace y en paz. Tacticismo a tope y ausencia absoluta de escrúpulos. El segundo pago es este de la financiación singular rompiendo la caja común y solicitando una actuación anticonstitucional, insolidaria y profundamente egoísta. Y queda la tercera letra, otro nuevo chantaje como precio por el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, en el concepto figura 'referéndum de autodeterminación' y, de alguna forma, lo conseguirán llegado el caso porque la contrapartida es el final abrupto de la legislatura y la irremediable convocatoria de elecciones que pueden suponer un vuelco en la política española. No descarten que esos comicios se celebren en octubre coincidiendo con la más que previsible repetición de las urnas en Cataluña. Esa es la situación y en ese espacio se mueve la política general del país.

Poner, como se ha puesto, a la fiscalía como principal institución defensora de unos delincuentes juzgados y condenados por graves delitos políticos y económicos es el epitome de la utilización bastarda de este órgano por parte del poder ejecutivo. Menos mal que ahora, la palabra final la tienen los jueces. Los magistrados Llarena y Marchena son la última esperanza blanca en esta ignominia que tiene de progresista lo mismo que Puigdemont de Arcipreste de Benavente-Tierra de Campos. Exactamente eso, por mucho que se nos quiera convencer de lo contrario.