Acabado, a la fuerza, el tiempo de Alberto Núñez Feijóo en su carrera imposible por la presidencia del Gobierno, es ahora el momento de Pedro Sánchez, a quien, previsiblemente, el Rey le haga el encargo de que intente una investidura para seguir ocupando ... el cargo que ahora ostenta, limitado en sus funciones tras la celebración de las últimas elecciones generales. Llama poderosamente la atención el tono que ha mantenido hasta ahora en contra de sus costumbres habituales. Seguramente, se trata de una medida de cautela ante lo incierto de unas negociaciones con los partidos nacionalistas e independentistas que aún no están cerradas y cuya agenda incluye conceptos tan arriesgados como la amnistía para los golpistas catalanes, el compromiso firme y constatable para una futura consulta popular en aquella comunidad, un pacto fiscal y otra serie de peticiones del oyente que desbordan no solo la Constitución, sino, fundamentalmente, la dignidad y el sentido común.
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No debe quedar duda alguna de que Pedro Sánchez lo intentará por tierra, mar y aire. Buscará, ya lo ha dicho, votos «hasta debajo de las piedras», y en ese proceso no parece que vaya a hacer demasiados ascos a las ensoñaciones de sus socios como precio a sus valiosos apoyos. A esta hora, hay un nutrido equipo de jurisperitos intentado perdonar y amnistiar lo imperdonable al tiempo que buscan un encaje de su discutible hallazgo, aunque sea a martillazos, en los límites de nuestro Estado de Derecho. El papelón es de órdago, pero ya sabemos que siempre hay leguleyos dispuestos a ofrecerle al jefe las soluciones que demanda. Siento curiosidad por conocer cuál va a ser la exposición de motivos que encabece la ley de amnistía que será denominada, seguro, con un nombre tan cursi como rimbombante para que parezca otra cosa, porque el único argumento cierto de esa iniciativa legal sería consignar que se hace porque Sánchez se quedó corto de escaños en los comicios del 23 de julio. Ni más, ni menos. Luego, eso sí, lo revestirán de convivencia, superación del conflicto, reconciliación o lo que buenamente se les ocurra, pero la verdad es inobjetable y tiene que ver con la falta de votos del candidato socialista para alcanzar la Moncloa y el precio, rayano en el chantaje, que le imponen sus socios de Esquerra, Junts, Bildu y el PNV. Las cosas como son.
Sánchez no va a rendir su plaza fácilmente; hará lo posible y lo imposible por conseguir un acuerdo de investidura, con prolongación en un compromiso de apoyo a los Presupuestos del Estado, que le permita conservar su posición. Si lo logra, la legislatura será un imposible de duración incierta, pero puede que eso no le importe demasiado con la vista puesta, como la tiene, en la presidencia del Consejo Europeo que es su meta internacional. La única duda que queda en el arcano del inmediato futuro es si el precio por la reedición del Frankenstein será tan alto, incluso para él, que no pueda pagarlo por chocar directamente con la ley. En ese caso, el plan B es comparecer ante los ciudadanos para argumentar que las pretensiones de los indepes son inasumibles y que no está dispuesto a vender el país por lo que, en consecuencia, convoca elecciones para el domingo 14 de enero de 2024. Incluso en ese supuesto, su capacidad de convicción se pondría al servicio de su irrefrenable ansia de permanencia para convencer a los ciudadanos de que no quiere el poder a cualquier precio. Aunque nadie, a estas alturas, tenga ya absolutamente ninguna duda de lo contrario.
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