Con aliados como Carles Puigdemont parece seguro que Sánchez no necesita adversarios. Los tiene apoyando a su 'gobierno bonito': feminista, ecologista, igualitario y, por supuesto, profundamente progresista. Claro que llamar progresista a Junts es como proclamar, por ejemplo, los supuestos ribetes comunistas del PNV, ... por poner un caso. La ensoñación izquierdista incluyendo en la coalición de apoyo a la investidura a socios tan de derechas es uno de esos marcos mentales elaborados por la Moncloa que empieza a hacer aguas por la propia fuerza de los hechos.
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La cosa está bastante complicada para la tarea de gobernar este país con un mínimo de eficacia y coherencia. Descartada la aprobación del techo de gasto o mucho se arreglan las cosas o los 'progresistas' de Junts abocan a otro año sin Presupuestos, y ya serian dos sin cuentas públicas. Lo mismo ocurre con la reforma de la Ley de Extranjería, los de Miriam Nogueras no quieren asumir la cuota parte de menores inmigrantes en Cataluña esgrimiendo que están saturados y porque, en el fondo, habita en su decisión una pulsión de profunda xenofobia basada en el hecho de que los recién llegados no hablan catalán. Por eso se han opuesto siempre a la inmigración y han puesto el grito en el cielo para cerrar puertas a los procedentes, sobre todo, de América Latina que utilizan el español y no necesitan aprender catalán con premura.
Sánchez tiene una investidura y una legislatura, incluso también tiene un gobierno, pero resulta obvio que no puede gobernar. Así las cosas, parece complicado que pueda sacar adelante un solo proyecto de ley ni que vea convalidado un decreto ley, si tiene la tentación de seguir haciendo que gobierna por esta vía. Su único logro en este año, tras las elecciones generales, ha sido la aprobación de la amnistía que ha indultado a los golpistas catalanes, al tiempo que conseguido eliminar los delitos de malversación para ellos y lograr también que su jurista de confianza, Cándido Conde Pumpido, haya logrado desde la presidencia del Tribunal Constitucional la exoneración de todas las responsabilidades penales de los implicados en el caso de los ERE en Andalucía.
A partir de aquí, la cosa se le pone cuesta arriba porque la imposibilidad de aprobar medidas y leyes es una amenaza real y latente en lo que resta de calvario legislativo hasta los siguientes comicios. El último intento es la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat con el apoyo de ERC, una posibilidad con algo tan impredecible y determinante como es el refrendo por las bases de la formación de Marta Rovira, y ya sabemos cómo se las gastan sus afiliados en matería de confianza ciega en el PSOE. Podría ocurrir que en esa consulta popular el hipotético acuerdo descarrile y volvamos a encontrarnos en la casilla de salida. En ese caso serían inevitables unas nuevas elecciones en Cataluña el domingo 13 de octubre. En ese caso, apunten también la más que probable celebración en ese día, casualmente posterior a la Fiesta Nacional, de unas elecciones generales que busquen la salida a la situación de 'impasse' en la que entra la legislatura. Y atentos al regreso de Puigdemont que va a ser épico.
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Sin agenda, carente de proyectos con un mínimo viso de viabilidad, ausentes los apoyos que le permitieron continuar en la Moncloa y con una imagen pública cada vez más erosionada, Sánchez comprueba como se ha convertido 'de facto' en el presidente no ejecutivo de este país. De hecho, su único objetivo parece ser la ocupación del poder, no para gobernar, sino para que no lo haga la oposición.
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