España, ¿un país normal?

Eso ocurriría en una España semejante a otros países, alejada de maximalismos y apeada de apriorismos ideológicos y sectarios. Pero resulta que no, que no somos normales, sino peculiares hasta extremos increíbles. Tanto es así, que el futuro de la gobernabilidad de la nación pasa por admitir el chantaje ignominioso de un delincuente, prófugo de la justicia, que sería detenido por las fuerzas de seguridad nada más pisar suelo español. Un forajido que se permite reescribir la historia con sus inadmisibles pretensiones entre las que incluye una amnistía inmediata, previa a la investidura, y un mediador internacional para negociar un referéndum en Cataluña. Un malhechor que quiere borrar toda responsabilidad judicial con respecto a la consulta ilegal que convocó el 1 de octubre de 2017.

Puigdemont pretende lograr un hito histórico y para ello se remonta nada menos que hasta los decretos de Nueva Planta. Es decir, todo lo que ningún gobierno ha hecho desde hace más de tres siglos en este país, debería asumirlo ahora el que quiere encabezar Pedro Sánchez si quiere contar con el apoyo de Junts, un partido, por cierto, tan progresista como Gengis Kan, por poner un ejemplo.

A todo esto, únase, por supuesto, una lista de actuaciones económicas que, en su ensoñación, podrían llegar a los 20.000 millones de euros para liquidar la deuda de Cataluña. Se trata, por tanto, de sacarle la hijuela, los higadillos y la dignidad al Estado opresor que dicen combatir, pero al que están dispuestos a auxiliar si pasa por taquilla y paga todas sus exigencias políticas y dinerarias.

La imagen de toda una vicepresidenta del Gobierno de España visitando arrobada a 'Puchi' en Bruselas con un lenguaje no verbal de absoluta sumisión al delincuente, es una de las estampas más indignas que este cronista recuerda en su larga carrera profesional. Y la explicación posterior de la Moncloa afirmando que «había ido por su cuenta», uno de los insultos a la inteligencia más desvergonzados de los que hemos tenido noticia en la vida democrática española.

El camino es claro: o investidura de Pedro Sánchez, previo pago de su importe político y económico, o nuevas elecciones, algo que no conviene a Puigdemont porque es improbable que vuelva a tener en sus manos la llave de la investidura y, por ende, de la legislatura.

Si lo anterior no fuera una tragedia, resultaría cómico. Un giro de guion, propio de una serie de suspense, hace que nuestro futuro quede supeditado a los caprichos del 'pastelero loco', que es como denominan en confianza sus fieles al expresidente huido. Lo peor, con todo, es el clima de optimismo que se respira en el Gobierno en funciones y en el PSOE, cuya interpretación es que ya se está «más cerca del acuerdo», un síntoma altamente preocupante.

Entre el silencio pastueño de los cobardes se alza la voz de los que no tienen que demostrar que son de izquierdas: Felipe González o Alfonso Guerra, quien advierte que la amnistía es «la condena de la Transición». En suma, arrasar el Estado de derecho por un puñado de votos.