Libertad de expresión

La libertad de expresión que se articuló en 1978 en la Constitución nació en un contexto radicalmente distinto al actual. Televisión, radio y periódicos eran los que tenían la responsabilidad y el derecho de informar de manera masiva a los ciudadanos, cada uno según su línea editorial. Y ese derecho solo se veía limitado por otros derechos relevantes: al honor, a la intimidad, a la propia imagen.

Ahora los emisores de esa comunicación masiva somos –potencialmente– todos los que tenemos un móvil a mano. Y hay algoritmos que deciden cómo posicionar y visibilizar ciertos contenidos. Algoritmos de funcionamiento desconocido para el público, programados por alguien que obedece a alguien. Y ese alguien ordenante puede ser, por ejemplo, un Elon Musk afín a Donald Trump. Hordas de tuiteros anónimos atacan estratégicamente, colocan mensajes, provocan los debates o tergiversan realidades con la sensación de ser impunes.

Simplificar la realidad y decir que cualquier intento de regularla es atacar la libertad de expresión es un reduccionismo al absurdo para un fenómeno complejo que encierra un peligro cierto para la democracia.