Desde la declaración del primer estado de alarma hasta el pasado 15 de enero, han transcurrido diez meses de relación leal y de colaboración entre ... el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León en el combate contra el virus. Ese día, el presidente de la Comunidad decidía, unilateralmente, y sin atender el criterio del Gobierno (autoridad que le delega la competencia en este segundo estado de alarma), adelantar el toque de queda en Castilla y León. Qué contrasentido: esta Junta de las esencias patrias, dirigida por dos partidos que se tildan de constitucionalistas, echada al monte de la unilateralidad frente a las normas del Estado.
Será el Tribunal Supremo quien determine la legalidad de la medida que, en un primer momento, provocó confusión y no ha dejado de causar estupor por las formas con las que la Junta ha abierto una etapa de confrontación con el Gobierno y también con los ayuntamientos. Ha sido una semana llena de declaraciones del Sr. Mañueco en esa línea; no entro a valorar las de su vicepresidente, convertido ya en Faetón precipitándose en el ocaso, por no avivar sus fuegos fatuos que tanto daño hacen a la relación institucional. Y anochece, que no es poco.
Se ha dicho que el Gobierno no ha querido dar más herramientas para adoptar nuevas decisiones, modificando el estado de alarma, siendo este un debate falso como voy a explicar.
El pasado 22 de octubre, el Consejo del Sistema Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Ministerio y las Consejerías de Sanidad), adoptó el documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19'. Me sirve hablar de él para desmontar ese mantra de que no hay estrategia, ni coordinación, ni liderazgo...
El documento establece una serie de indicadores de incidencia de la pandemia con los que las CC AA determinan el nivel de alerta, del 1 al 4, por ámbitos territoriales. Todas las provincias de Castilla y León empezaron en nivel 4 y en algunos momentos Ávila, León, Salamanca y Segovia estuvieron en el 3, estando todas nuevamente, a día de hoy, en el 4. En Canarias, por ejemplo, sus islas han ido variando del 2 al 3 por una menor incidencia del virus.
El documento establece medidas de menor o mayor limitación de la actividad para los niveles 1 a 3 y deja al criterio de las CC AA qué medidas adicionales adoptar en el nivel 4; eso ha permitido a la Junta adoptar el cierre de la hostelería de interior, los gimnasios... En resumen, no hay 17 respuestas distintas, hay la misma respuesta para territorios que se encuentran en la misma situación de incidencia del virus.
Ahora cabe preguntarse: ¿puede la Junta adoptar más medidas con ese documento? Y la respuesta es muy clara: sí que puede.
En nivel 4, la Junta puede seguir adoptando medidas adicionales, siempre que se mantengan las actividades esenciales y sin afectar a los derechos fundamentales, ya que ello requeriría acordar la declaración del estado de alarma o, como en este caso, su modificación. Así se hizo el pasado 25 de octubre con el segundo estado de alarma, delegando en los presidentes autonómicos la limitación territorial y nocturna (en una franja concreta), de movilidad, la del derecho de reunión y la que afecta al culto.
El Presidente de la Junta ha optado por no explorar las capacidades que da el documento de 'Actuaciones de respuesta' para, en palabras del ministro, poder ir a lo que en Europa llaman confinamiento. Ha optado por adelantar la limitación nocturna de movilidad, yendo más lejos que lo que el Congreso ha autorizado al Gobierno en la convalidación y prórroga del estado de alarma.
Tiene toda la legitimidad política para pedirlo, como han hecho varios presidentes autonómicos, pero no la tiene para ser el único en imponerlo unilateralmente, sin escuchar el criterio del titular de la competencia, el Gobierno, en nombre de quien actúa por delegación. Hablamos además de limitar derechos fundamentales, los que tienen la mayor protección en nuestro ordenamiento constitucional.
Convendría que el presidente de la Junta abandonara la confrontación y la unilateralidad y tratara de restaurar la confianza con el resto de las instituciones, que esta semana se ha visto dañada. Durante diez meses no hemos dado más problemas al ciudadano que el que ya suponía el virus, y espero que pueda seguir siendo así.
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