La trampa de la lista más votada

De tal suerte que el propio Feijóo asumió en una entrevista televisada el pasado jueves que estaría dispuesto a perder el gobierno de la Junta de Extremadura, donde ganó el PSOE, si todos los partidos aceptaran lo mismo. El susto en el PP extremeño fue equiparable al escalofrío que sentirían en Castilla y León el futuro alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, o la que sostendrá con toda probabilidad el bastón de mando en Burgos, Cristina Ayala. En ambas ciudades, el PSOE fue el partido más votado y, cuidado, a diferencia de lo que sucede en los gobiernos autonómicos, si Vox no vota expresamente estas candidaturas para alcanzar una mayoría absoluta, Óscar Puente y Daniel de la Rosa serían automáticamente designados alcaldes. De hecho, el burgalés lo ha sido estos cuatro años gracias precisamente a esa norma garantista de nuestro modelo de gobernanza municipal, ya que en 2019 el partido de ultraderecha no votó a Javier Lacalle y salió adelante la lista más votada, con once concejales, del PSOE.

La polémica, el susto y los nervios son injustificados. PP y Vox pactarán, como sucedió tras las autonómicas en Castilla y León, y alcanzarán acuerdos para sumar mayorías suficientes de gobierno. Pero es que, además, nada indica que tales pactos, como teme Feijóo, perjudiquen los intereses del PP en el horizonte del 23 de julio. Muy probablemente, no pactar con Vox y aislarle con un cordón sanitario atraiga para el partido de Abascal más apoyos de los que ya tienen. Hasta Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, lo expresaba en una tribuna de El País el pasado jueves. En un alarde de pragmatismo, aderezado con sus habituales ocurrencias, publicaba lo siguiente: «Nadie ha castigado al PP por gobernar con Vox e interesa mucho más la certeza de que la vida va a mejorar que una memoria sobre la que aún hay mucho que trabajar». Los datos refrendan su tesis. En Castilla y León, único territorio en el que Vox tiene responsabilidades ejecutivas, y a pesar de sus tropiezos, el Partido Popular ha ganado cinco puntos de respaldo y Vox ha duplicado su representación democrática desde 2019. Le fastidie o no a Feijóo, el PP gobernará donde pueda hacerlo con ayuda de Vox. Como el PSOE lo ha hecho de la mano de fuerzas de extrema izquierda o incluso de los herederos de ETA.

Por lo demás, habría que recordar tantas veces como sea necesario que nuestro sistema democrático no es de elección directa, sino indirecta. Salvo en los municipios, donde se favorece la suma de mayorías y únicamente cuando estas no aparecen, se sabe que debe hacerse cargo del consistorio el candidato más votado. Por eso, en los gobiernos autonómicos, según nuestro modelo, acordar que gobiernen las listas más votadas es retorcer las reglas de juego y convertir la gestión política de lo público, mucho más compleja y amplia que la de los pueblos y ciudades, en un ejercicio casi impracticable para quien debiera ganarse constantemente el favor de otros grupos políticos.

Pero lo más importante: los ciudadanos elegimos el 28 de mayo y lo haremos el 23 de julio a representantes que luego eligen gobiernos. No se pueden alterar las reglas a mitad del partido, ni siquiera por acuerdo entre formaciones políticas. Los ciudadanos no votarían igual, puede incluso que el escrutinio debiera hacerse de otro modo, si el acuerdo es que gobierne el más votado. Es tramposo, incluso, decir que se haría (ceder un gobierno a la lista más votada) sin la obligación legal y efectiva de hacerlo. Porque no hay cosa más endeble, elástica, frágil ni cambiante que una promesa electoral. Y porque en democracia deberíamos tenerle muchísimo más respeto a las leyes que rigen, para bien y para mal, la formación de nuestras instituciones.