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SMI, impuestos y clase media
Carta del director ·
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Carta del director ·
Si el mínimo exento de tributación que hasta ahora se marca en el régimen general no se congela en algún momento, será Hacienda la que empiece a notar una caída sensible en sus ingresosLa semana pasada critiqué en este mismo sitio que se propusiera ampliar la exención de pagar el impuesto de la renta por la subida del ... salario mínimo, esos 50 euros brutos por catorce pagas. Hoy considero, además, que el Partido Popular no debería caer en el oportunismo y la demagogia de hacer pinza en ese terreno con Sumar, cuya dirigente lidera la defensa de dicha exención y, lo que está dando tanto juego político y mediático, particularmente contra el criterio de su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP debe valorar que es asimismo un modo de que Vox siga alimentado, con razón en este sentido, la idea de que Feijóo es más de lo mismo. Incluso a la izquierda de lo mismo. Así que conviene recordar algunos detalles al respecto de este debate.
Lo primero es que el salario mínimo interprofesional (SMI) y el impuesto sobre la renta forman parte de ámbitos de gobernanza social muy distintos y distantes. El primero es un concepto retributivo y lo contempla la Constitución cuando dice en su artículo 35 que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». El segundo es un concepto tributario, también incluido en la Carta Magna, en el 31: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». No debería pesar más uno que otro.
El SMI ha subido en diez años de los 9.000 euros brutos anuales a los 16.500. Y eso ha sucedido porque, entre otras cosas, esta referencia, que nos afecta a todos los asalariados en aspectos como la parte de nuestra nómina que pasa a ser inembargable o la relacionada con las garantías indemnizatorias cuando interviene el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dejó de indexar otro montón de cuentas de gasto de las administraciones. Para esa función se inventó el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y ello permitió elevar esa retribución sin que multiplicara otros gastos del Estado.
Ahora el crecimiento del SMI pasa a cruzarse con otra dificultad, esta vez por la cara de los ingresos del Estado, relacionados con los impuestos directos. Si ese mínimo exento de tributación que hasta ahora se marca en el régimen general no se congela en algún momento (cosa distinta es que deba ser en este punto o en otro), será Hacienda la que empiece a notar una caída sensible en sus ingresos. Pero no solamente de los ingresos de las rentas de trabajo más bajas, sino de todas, pues si el mínimo exento se aumentara en los 700 euros de este año, quedaría exento para todos los asalariados, los que cobran 16.500 euros y los que cobran 200.000. Es bueno conocer este matiz: Hacienda cobra a todos lo mismo por lo mismo… Y este otro: el 50% de lo que ingresa o deja de ingresar impacta en las cuentas de cada comunidad autónoma y sus servicios sanitarios y educativos.
¿Cuándo toparlo? El mínimo exento, me refiero. En Navarra, con Hacienda propia, con gobiernos socialistas, desde el 2023 se rompió esa coincidencia entre mínimo salario y cero impuesto de la renta, pues el SMI supera desde entonces los 14.500 euros que allí se tomaron como referencia tope para la exención. Otra gracia de este complicado, raro y contradictorio país, en el que un trabajador de Castejón (Navarra) paga impuestos por un salario idéntico al que tendría unos pocos kilómetros al oeste, si viviera en Alfaro (Rioja), donde quedaría libre de cargas de esa naturaleza. El detalle no es menor porque Navarra no es precisamente una comunidad con los precios de Valladolid, Zamora, Badajoz o Jaén.
Desde mi punto de vista, habría que valorar la estructura retributiva general, conocer hasta qué punto gravar con el IRPF una parte mínima del SMI es necesario y justo; pero además, cómo abordamos en España el problema de nuestra clase media para saber si verdaderamente dispone de «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia», como decíamos que reza nuestra Constitución. Porque yo creo que es ahí, y en la sostenibilidad de un modelo en el que más de la mitad de la población no es productiva, donde se está fallando absolutamente.
Tomemos Castilla y León. Según datos medios de 2023 de la propia Agencia Tributaria, 178.000 asalariados de la comunidad no alcanzaban la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Son personas con jornadas parciales o temporales. Otros 167.000 percibían un salario de entre la mitad del SMI y el propio SMI, con una media de 11.500 euros anuales. Casi 254.000 se hallaban en el tramo salarial de entre un SMI y un SMI y medio, con ingresos anuales de 18.700 euros. Los que llegaban de ahí al doble del SMI sumaban otros 154.000, con 26.000 euros brutos de salario anual. Por encima del doble del SMI había 248.000 personas. Resumiendo: 753.000 no superan lo que ahora serían los 32.000 euros y menos de 250.000, una tercera parte, cobran entre esa cifra y el infinito... La población ese año en la comunidad era de 2,3 millones de habitantes. De ellos, un millón eran inactivos o parados mayores de 16 años y el resto, 300.000, menores de esa edad.
Así es que una cuarta parte de los trabajadores de nuestra comunidad perciben nóminas muy próximas a las mínimas y sí pagan IRPF. ¿Por qué ellos sí y los otros no? ¿Qué sucede con quienes, por encima de ese mínimo exento, experimentan pequeñas subidas por convenio que no compensan la inflación, les hacen saltar de tramos tributarios y cada vez llegan peor a fin de mes? ¿Qué sucede con las familias que, además, no pueden acceder a ayudas de ninguna clase ni a viviendas de protección ni a bonos sociales porque exceden el tope de renta, que suele estar entre 5 y 6,5 veces el Iprem, hoy en 600 euros? ¿Alguien piensa en ellos? ¿No es todo una ruina?
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