Sánchez ya avisó que lo haría en 2017

Esa ley orgánica responde únicamente a la necesidad de Pedro Sánchez de conservar la Presidencia del Gobierno para alimentar la virtud de levantar un muro que proteja a los buenos españoles de los malos, de lo que en el PSOE han denominado de muchas maneras, pero sobre todo como «las derechas» de la «ola reaccionaria». Para lo cual se ha echado mano de los pactos PP-Vox y sus gestas en Castilla y León, por ejemplo, así como los lamentables disturbios e incidentes de estos días ante la sede del partido socialista en Ferraz y otros excesos verbales y argumentales. Por eso, en la prolija exposición de motivos de esta norma de máximo rango que el PSOE ha presentado en el Congreso no se dice toda la verdad, pues se asegura que «la aprobación de esta ley orgánica se entiende como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población». No es cierto. Es un paso, sí, pero para los intereses de Pedro Sánchez y los propios impulsores del pacto, únicos beneficiados. Porque sigue sin aclararse qué es lo que hace que en este momento, con los resultados electorales emanados en julio en Cataluña, pero también en el País Vasco, se tenga que resolver un supuesto clima de conflicto insostenible con una medida tan drástica y excepcional. Lejos de los mínimos consensos. En Cataluña, en 2019, las siglas independentistas obtuvieron 23 escaños; en julio pasado, 14. Lo que estaba haciendo el PSC, ganador nítido en aquella comunidad, no parece que necesitara un cambio de estrategia. «Alumbramos» una ley para resolver un supuesto conflicto según el parecer de los representantes del 23% del electorado catalán. Menudo derroche y a qué precio.

Pero al mismo tiempo conviene recordar que no vivimos en una dictadura. Y que no hemos asistido a ningún golpe de estado. Que no hay corrupción política ni fraude electoral en las maniobras o negociaciones del PSOE para conservar el Gobierno, ganado legítimamente con 179 votos a favor. Distinto es cómo juzgue la ciudadanía todo lo sucedido, lo cedido, lo negociado, la manipulación dialéctica, los repentinos cambios de opinión… Pero esa es otra historia. No será porque Sánchez no venía de demostrar todo lo que está dispuesto hacer: indultos, cambios del código penal, etc… Desde 2017. En una dictadura no sería posible que el Senado estuviera dominado por una mayoría del PP. Tampoco que buena parte del poder autonómico y municipal esté en manos del mismo partido, con amplísimas competencias ejecutivas, económicas y legislativas. En ese sentido, no sería una política decente enfocar todo ese poder real del PP solo en estrategias planificadas para tumbar el Gobierno. Representaría el uso partidista de instituciones previstas para otros fines.

Sigamos confiando en la justicia. El recorrido jurídico que tenga la Ley de Amnistía arrancará cuando, tras su aprobación, se establezca un conflicto con otra ley orgánica, la del Tribunal Constitucional, a la hora de plantear una suspensión de su aplicación hasta que este órgano dictamine sobre los previsibles recursos que presenten instancias judiciales o partidos. La LOTC afirma que la interposición de una cuestión prejudicial ante el TC suspende su aplicación. La Ley de Amnistía dice que no. Así, lo más probable es que el Tribunal Supremo se dirija al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) para que resuelva y quizás será desde Luxemburgo desde donde se congele el asunto. No está nada claro que Puigdemont pueda pisar pronto suelo español.

En fin. Nos introducimos, tristemente, en una legislatura que vendrá marcada por una radicalización del frentismo, la polarización y la ruptura de todos los puentes entre las principales formaciones constitucionalistas. PP y PSOE han cruzado, ambos, varias líneas rojas. Feijóo sabía de sobra (lo sabíamos todos) que Sánchez sería presidente a costa de todo y, como anticipé días después de las elecciones, el líder de los populares debió dejar en sus manos la gestión de este tiempo y esos pactos basados en el chantaje y la humillación de millones de españoles que no entendemos que el muro contra la ola reaccionaria implique someterse al chantaje de la amnistía. El gallego debió orientarse a trabajar en las instituciones que gobierna y prepararse para la oposición. Muy al contrario, ha ido aumentado el argumentario de quienes, llegado el caso, preferirían aprobar la pena de muerte o recuperar el servicio militar obligatorio, si fuera necesario, con tal de que no gobierne Feijóo con la ultraderecha. Lo que nos lleva al terrible escenario en el que nos encontramos: ni muchos de los votantes del PP, a los que el PSOE no debería situar tan fácilmente tras el muro anti reaccionario, ni muchos de los votantes del PSOE, a los que el PP no debería alinear con un partido que ha cometido corrupción o fraude electoral, consienten ya que gobierne otro partido que no sea el suyo. Lo dicho, terrible.