Los presupuestos autonómicos del sí pero no

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP en el Senado, dijo el miércoles en rueda de prensa, con la abulense Alicia García a su derecha, que todas las comunidades del PP, por tanto también la nuestra, presentarán sus presupuestos: «En nuestras comunidades, en todas, se está trabajando en el presupuesto. En todas se está avanzando. Y cuando llegue el momento de la votación, tendrán que decidir los diferentes partidos políticos si están por la labor de que las cosas sigan avanzando». Sus palabras respondían a la negativa de Vox, anunciada el mismo día por Ignacio Garriga, secretario general del partido, a negociar presupuestos con el Partido Popular en todas las comunidades donde dependan del apoyo del partido de ultraderecha, es decir, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Sucedía tras conocerse que el PP planea negociar políticas migratorias con el PSOE. Esto mismo fue lo que, allá por julio, precipitó la ruptura de la coalición de gobierno PP-Vox en la Junta. Nada nuevo bajo el sol. Por aquel entonces, las distintas consejerías, también las de Vox, ya trabajaban en la planificación de los presupuestos del 2025. Así pues, parece que, superados los trámites previos, como la fijación del techo de gasto, que contó con la abstención del PSOE, el presidente Fernández Mañueco y Carlos Carriedo, consejero de Hacienda, entregarán el proyecto de ley de presupuestos en Las Cortes.

O a lo mejor no. Y ello a pesar de que nuestro Estatuto de Autonomía dice que «la Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de Castilla y León antes del 15 de octubre de cada año». Nada tiene que ver con esa obligación lo que se mostró, como anteproyecto, el 15 de octubre en la sede de Presidencia de la Junta. La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León se expresa en los siguientes términos: «Artículo 105, Tramitación del anteproyecto de ley: 1. La Consejería de Hacienda elaborará el texto articulado del anteproyecto de ley. 2. Corresponde al titular de la Consejería de Hacienda someter el anteproyecto de la ley de presupuestos generales de la Comunidad a la aprobación por la Junta de Castilla y León. Artículo 106, Presentación a las Cortes de Castilla y León: Una vez aprobado, el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para cada ejercicio, integrado por el articulado, los presupuestos a que se refiere el artículo 88, con sus correspondientes estados de ingresos y de gastos y los anexos, se remitirá a las Cortes de Castilla y León dentro del plazo establecido por el Estatuto de Autonomía».

La principal diferencia con lo que debió haber sido aquel acto, según marca la ley, dado que la documentación hecha pública fue prolija y detallada, es que esa planificación económica y financiera del Ejecutivo no quedaba sometida a la tramitación legislativa de Las Cortes. Como ya hemos explicado, se trataba de un ejercicio de transparencia, pero que en el pasado había quedado siempre circunscrito al ámbito del Consejo de Gobierno.

Lo que subyace es una estrategia de negociación política de la Junta, legítima aunque insólita, al menos en nuestra comunidad, debido a la condición del PP de fuerza de gobierno en minoría parlamentaria después de la espantada de Vox. Consideremos que las normas que obligan a presentar el proyecto de ley presupuestaria no vienen acompañadas de consecuencias coercitivas si los compromisos y plazos no se cumplen. En enero, sin nuevas cuentas aprobadas, quedarán prorrogadas las del 2024. Y listo. Por eso lo que hacen Mañueco y Carriedo puede hacerse, aunque el protocolo marque hitos y cauces muy distintos.

¿Qué está intentando la Junta? Negociar con el resto de partidos para saber si va a presentar unos presupuestos condenados al fracaso o con posibilidad de aplicarse. Necesita necesariamente el apoyo del PSOE, hoy muy improbable, o bien el de Vox, ya parece que imposible. ¿Qué sucederá si, como impone la ley, pese al retraso, aun sin los apoyos asegurados, registra el proyecto en Las Cortes? Que a todas luces el PP se verá corregido con una derrota política. Y eso no gusta a nadie. ¿Qué sucederá si no lo hace, cosa que, opino que sin encomendarse a nadie, parecía no contemplar el miércoles el vicesecretario de Economía del PP en el Senado? Pues que, sin consecuencias de ningún tipo, como ya vimos, la Junta eludirá una de sus principales obligaciones.

Usemos un ejemplo que quizás sirve para entenderlo. El Pucela salió a jugar contra el Barça el 31 de agosto sabiendo que recibiría una goleada. Al final nos metieron 7. Pero jugó. Era su obligación. La Junta debería hacer lo mismo. Porque cumplir con su deber, incluso cuando no es cómodo ni te reporta réditos a corto plazo, es lo justo y ejemplar. Que, como anticipaba Juan Bravo, que tiene nombre de comunero decapitado, cada uno se retrate. Y sobre todo, porque no conviene sumarse a la mala costumbre sanchista de que el fin justifique cualquiera de sus medios. Cuidado: con todas las diferencias que existen, cósmicas, entre sacar adelante una ley de amnistía y no presentar presupuesto de una comunidad…

No me cabe duda de que, si los sondeos soplaran a su favor, si no se hubiese producido el desastre de Valencia, si no quedara más o menos un año para que se active la maquinaria electoral, ese más que previsible fracaso en sede parlamentaria, como la propia ruptura de Vox de julio, justificaría que Mañueco anunciara un adelanto electoral. Por menos se convocó el de 2022. No creo que deba, en todo caso. Ni olvidemos, como hace tiempo que se olvidó en el Congreso, que en España nuestro sistema democrático elige instituciones legislativas que, con la suma de mayorías, designan gobiernos para gobernar, no solo para intentarlo. Y que para gobernar, las principales herramientas de que disponen son las leyes de presupuestos, que por algo deben someterse a la aprobación de esas mismas mayorías legislativas. Si aceptamos que aprobar los presupuestos, como hace tiempo que se aceptó en el Congreso, no es crítico, básico, esto es, lo más importante que tiene que hacer cualquier gobierno, entonces habremos roto otro de esos principios que nuestros mayores no pensaron que fuesen nunca discutidos (o quizás sí) y por eso, los muy confiados, no blindaron las leyes de manera más rígida y responsable.