Todas las deudas se pagan

Lo de la quita del Gobierno de esta semana no tiene que ver exactamente con lo descrito anteriormente, pues no se está hablando de no pagar una deuda propiamente, sino de cambiarla de manos. Hablamos, como se sabe, de más de 83.000 millones que deben las comunidades del régimen común convertidos de un día a otro en obligaciones del Estado. Sin embargo, también en esta propuesta del Ministerio de Hacienda, gestionado por la señora Montero, candidata del PSOE a gobernar una de las administraciones beneficiadas por la medida, la Junta de Andalucía, se enciende el piloto rojo de la credibilidad. No solo porque por esa particular coincidencia quede más que cuestionada la debida neutralidad de la titular de la cartera de Hacienda, sino porque hay mucho trilerismo en este asunto y porque el país entero queda retratado como una inmensa jaula de jilgueros.

Los ciudadanos no son los deudores de esas cantidades de dinero. Ni usted ni yo debemos un euro de esos 83.000 millones. Como tampoco debemos un euro del más de billón y medio de euros de la deuda pública del país, según datos del Banco de España. La deuda pública es del Estado, de las administraciones autonómicas, las corporaciones locales (mínima, por cierto, pues se someten a unas normas de gasto muy rígidas) y la Seguridad Social. Esa morterada de dinero representa un 104% de nuestro Producto Interior Bruto, nos los prestan fondos públicos y privados e impactan en la capacidad de dichos entes para ofrecer servicios y atender sus responsabilidades con la sociedad. Por tanto, como se ha dicho, con la quita del Gobierno los ciudadanos de Castilla y León no dejan de deber un dinero, lo dejaría de deber la Junta y pasaría a deberlo el Estado. Y la Junta forma parte estructural del modelo institucional del Estado. O sea, que tanto da.

¿Qué hacen pues realmente Pedro Sánchez y María Jesús Montero? Agrupar una deuda repartida porque ahora, a diferencia de como ocurría cuando llegó la crisis del 2008 y hubo que aplicar disciplina, y más después del parón de la pandemia, Europa nos ha dado barra libre para que cada país gaste a crédito lo que desee. Digamos que la UE decidió poco antes y sobre todo después de la pandemia que no habría más sufrimiento, que se inundaría el mercado de billetes antes de aplicar recortes, que podrían asumirse deudas muy por encima de lo razonable e hipotecar el futuro financiero de las próximas generaciones… No es mérito del presidente del Gobierno este derroche monetario. Porque si no fuese así, el Estado no podría proponer lo que ha propuesto, por razón de un acuerdo con el secesionismo catalán. Ni mucho menos llevarlo a término. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya salió el jueves a recomendar que se pongan condiciones para acceder a esa quita. «No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales» advirtió su presidenta, Cristina Herrero. Si un argumento de Hacienda es que así las comunidades podrán «acceder a los mercados en mejores condiciones», en buena lógica el Estado tendrá que hacerlo en peores condiciones. Nuevamente, tanto da. Y si tampoco eso es así, como por otra parte ha valorado la agencia de calificación Moody's, ¿cómo llevábamos tanto tiempo sin que se aplicase una jugada maestra como esta, fabulosa para todo el mundo?

Ha habido un presidente autonómico que lo ha aterrizado al mundo de la sencillez de manera magistral. Azcón, el presidente de Aragón, ha cogido una pizarra, ha señalado la posible deuda perdonada a su gobierno según la ecuación de Montoro y la ha dividido entre los habitantes para sacar una suerte de «deuda condonada per cápita». Ha hecho lo mismo con la cifra total, esos más de 83.000 millones, entre todos los españoles, y luego lo mismo con la catalana. ¿Resultado? la deuda per cápita del aragonés aumenta entre pagarla como aragonés a pagarla como español. Pero el maño es el mismo… En Castilla y León las cuentas serían, según esa fórmula, las siguientes. Si nos quitan 3.343 millones, eso representa 1.517 euros por castellano y leonés. Así, pasaríamos a asumir 1.828 euros como españoles cuando se calcula la tasa de los 83.252 millones de las comunidades asumidos por el Estado. O sea, 311 euros más. ¿Qué pasa con los catalanes? Que su deuda de la parte condonada per cápita (17.104 millones) pasa de los 2.135 euros a esos 1.828, o sea, 307 euros menos. La distancia sumada entre un vecino de Valladolid y otro de Cornellá es de 618 euros a favor del segundo. Por eso es normal que, al margen de por otras cuestiones, los presidentes autonómicos rechacen una medida por oportunista y tramposa como pocas.

Ya digo que no es un debate de deudas personales, pero me parece que el ejemplo anterior es muy esclarecedor. Y que complementa bien el fondo del asunto, que no es otro que la absoluta discrecionalidad con que se gestionan las finanzas de este país y sus irresponsabilidades adyacentes. ¿El Estado sirve para centralizar cuando le conviene a Esquerra y Junts? ¿Para mutualizar problemas solo cuando interesa a unos? ¿Por qué los catalanes no aceptan mutualizar, por ejemplo, la presión migratoria? Esa no. ¿Por qué quieren una hacienda propia, pero al mismo tiempo aceptan y promueven este trueque entre tahúres? ¿Cómo le explico yo a mi hijo que debe ahorrar, que no se puede vivir a crédito y que las deudas se pagan siempre? Porque puede coger el periódico del jueves, leer el titular de portada y decirme sin pestañear: «¿Ves?, no es verdad, podemos acogernos a una quita».