El desconcierto catalán

El jefe del Ejecutivo no entró en materia, pero prometió más dinero para todas las comunidades autónomas. El truco es más viejo que el fondo del mar, lo de compensar desequilibrios en el reparto de una tarta haciéndola más grande. Ninguna comunidad autónoma debería aceptar esa evasiva por dos motivos. Uno básico, el de la indignidad de entrar por el aro, cual borregos pastoreados de cercado en cercado. Y otro más práctico, pues la trampa es que si la tarta es más grande, si habrá más recursos para todos, es porque también los habrá, y en primer lugar, claro, para la comunidad beneficiada por todo este proceso de federación a la medida de los ricos, en este caso Cataluña.

La señora Montero se enredó en la literalidad de lo acordado. «Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo, no lo dice el acuerdo. El acuerdo no habla de concierto económico». Ni Rajoy con sus mejores trabalenguas… Como siempre, conviene acudir a la fuente, lo que dice el acuerdo. El documento, de 25 folios, dedica una parte importante de su contenido a desarrollar este punto. Es el segundo de sus «compromisos esenciales», cuatro en total. Expresado así: «Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos». Soberanía plena, el concepto es diáfano.

Después se desarrolla de la siguiente manera. «No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad». Y prosigue: «Es indispensable un nuevo sistema de financiación basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial de la capacidad normativa y de la capacidad de gestión que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalidad». Por eso los partidos firmantes, PSC y ERC, acuerdan «que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea». Todos los impuestos, no unos pocos. Todos. Por eso lo de la soberanía plena. Y que la aportación de Cataluña a las finanzas del Estado se haga como en el concierto navarro y el cupo vasco, con un porcentaje de los tributos y una aportación solidaria. Eso sí, esa «solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad».

Al margen de la contradicción aplastante que existe en una presunta solidaridad que esté limitada por el principio de ordinalidad, en virtud del cual una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidades, es evidente que con algo así encendemos la mecha para dinamitar un pilar clave de nuestro sistema fiscal, su progresividad. Todo el edificio de la Unión Europea, sin ir más lejos, se basa justo en la progresividad, en la solidaridad (bien entendida) y en las políticas estructurales de compensación y convergencia. Por que quede claro que el catalanismo del PSC (ni te cuento el secesionismo de Esquerra o Junts) se orienta precisamente en sentido opuesto a los postulados comunitarios. Así que después de leer los párrafos textuales anteriores, ¿a alguien le cabe duda alguna sobre lo que han pactado el PSC con Esquerra bajo el aval del Gobierno? ¿Nos quieren convencer de que no es un concierto económico de carácter bilateral? ¿Entonces qué es, el manual de montaje de una estantería de Ikea? ¿No es indecente y mezquino que la portavoz socialista, la burgalesa Esther Peña, lo comparara con singularidades fiscales de provincias como Soria o Teruel?

De hecho, los que sellaron el pacto previeron un periodo de transitoriedad con cinco acciones numeradas y calendarizadas. La segunda es supremacista hasta el vómito y dice: «Ordinalidad según la capacidad fiscal: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias».

Efectivamente, se trata de un cambio estructural en el sistema. Pero a voluntad de una de sus partes, de dudoso encaje constitucional (importe eso lo que importe, que últimamente suele ser nada) y al que el presidente nos quiere sumar con chuches, gracietas y trampas del tipo de las que anunció el miércoles, cuando habló del federalismo (asimétrico) y los lamborghinis… No es extraño que las comunidades autónomas del PP (y las del PSOE) se espanten por lo acordado, salga o no adelante, parta o no un país ya de por sí manco, cojo y ciego. Lo que es del todo incomprensible y absurdo, absolutamente, es que un planteamiento así, ni aproximado, lo respalde o justifique alguien que se tenga por socialdemócrata, de izquierda, progresista, federalista ni con un proyecto político inspirado por la igualdad o la fraternidad.