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Asistimos estas semanas a un nuevo episodio de política cerril. Por escabrosa y áspera, me refiero. La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Salud, se propone abrir una nueva unidad de trasplante cardiaco en Salamanca a costa de restar ... pacientes al único centro que practica estos injertos en Castilla y León, el Hospital Clínico de Valladolid. La explicación oficial que ha dado la administración autonómica es que con ello desea reforzar el servicio. Hasta aquí, pareciera que se trata de un avance, de algo positivo, una buena noticia.
Sin embargo, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) no comparte ese punto de vista, desaconseja la medida y, por boca de su directora general, Beatriz Domínguez-Gil, se suma al criterio de otras voces de prestigio que cuestionan o rechazan abiertamente la iniciativa, como los cardiólogos Luis de la Fuente o Alberto San Román, del Clínico de Valladolid; los especialistas de la Asociación Española de Insuficiencia Cardiaca Alejandro Recio y Sonia Mirabet; o el jefe del servicio en el Hospital de León, Felipe Fernández-Vázquez.
La razón de los expertos es perfectamente comprensible: una unidad de esa envergadura, coste y complejidad necesita un mínimo de actividad para ser eficiente y mantener la calidad que presta a los pacientes. La del Clínico de Valladolid a duras penas alcanza el número aconsejable de trasplantes anuales (el año pasado realizó 15) que establece la propia ONT, entre otras cosas porque el hospital de Salamanca deriva regularmente a sus pacientes indicados para trasplante a otros servicios, como los de Madrid. Es decir, habría que llevar más operaciones a Valladolid, para dar mejor servicio, nada que ver con repartir las que tiene entre dos hospitales.
Si tenemos en cuenta que el número global de casos en España es bastante estable y ha pasado de 300 a solo 325 en cinco años, del 2019 a 2023, con un total de 19 unidades repartidas por el territorio español, no es extraño concluir que la idea no responde a razones médicas ni asistenciales, mucho menos científicas ni de refuerzo de nuestro sistema sanitario. Para poner en contexto ese dato, conviene situarlo al lado del número de intervenciones quirúrgicas que se realizan solamente en Castilla y León en un año: casi 210.000, de las que menos de la mitad son de cirugía mayor ambulatoria. Es decir, estamos hablando de aumentar recursos destinados a una intervención que afecta en nuestro país a una persona de cada 150.000. Por último, no estamos 'exportando' pacientes a otros países, no sufrimos de un déficit de capacidad. ¿Por qué abrir Salamanca es reforzar?
Tengamos en cuenta, además, que esta comunidad afronta desafíos sanitarios muchísimo mayores y caros en otros ámbitos, como el de la dispersión y envejecimiento de la población, la atención primaria en núcleos rurales o el despliegue de unidades especializadas. ¿Recordamos lo que costó abrir la de radioterapia en Ávila? ¿Recordamos que la construcción de la de Palencia se ha anunciado en enero pasado? Y aquí el dato es muy diferente a los anteriores, aquí sí hay una incidencia amplia: el 60% de los enfermos oncológicos necesitan radioterapia, según fuentes especializadas.
No hablamos pues de una prioridad ni una demanda social. Porque los pacientes, una vez necesitan un corazón, lo que quieren es salir del quirófano y sobrevivir el máximo de tiempo con la mayor calidad de vida. De hecho, todos, si pudieran, querrían ponerse en las manos de quienes más intervenciones hayan hecho de estas características. En España, en la Fe de Valencia. En el mundo, en la clínica Mayo de Estados Unidos, por ejemplo.
No quisiera hallarme en la piel de los primeros pacientes que, todavía sin una justificación lógica ni conocida, sean operados en Salamanca. Las curvas de aprendizaje (la de un equipo de estas características no debe ser rápida ni sencilla) y, por tanto, el riesgo de errores de nuevas unidades son asumidos por los enfermos en favor de un bien mayor futuro. Pero si tal bien mayor futuro no es evidente, nítido ni coherente, pues nos encontraremos seguramente con pacientes que rechacen ser atendidos en Salamanca. Porque se estarán jugando el pellejo sin saber muy bien por qué.
Nuestra redacción ha tratado de conocer, en vano, la opinión de los profesionales médicos de Salamanca o la del coordinador autonómico de Trasplantes en Castilla y León, Pablo Ucio. Nadie, más allá del portavoz del Gobierno regional y consejero del ramo en funciones, Carlos Carriedo, ofrece ninguna explicación. Silencio administrativo, que se dice. ¿Pero nadie se da cuenta de que no ha habido todavía un cardiólogo, ni siquiera un médico, que haya defendido como experto esta decisión?
De corazón, yo pediría a nuestros responsables políticos, sobre todo pensando en quienes aguardan hoy en lista de espera un órgano compatible, que expliquen por qué insisten en su propuesta contra el consenso de los expertos y cualquier lógica sensata. Nos llevamos las manos a la cabeza porque en este país se toman decisiones legislativas de gran profundidad y graves consecuencias contra el sentido común y basadas en interpretaciones de algo tan interpretable, mucho o poco, como nuestra Constitución Española. Al menos hay juristas que defienden unas tesis y sus contrarias. ¿Qué tendríamos que hacer entonces cuando se toman decisiones como la descrita anteriormente y nadie con un mínimo conocimiento sobre la materia da la cara por ella? Me pregunto qué día propondremos que se deroguen la ley de la gravitación universal y el primer principio de la termodinámica. Alguien en algún despacho preguntará: ¿pero técnicamente es posible decretar el fin de la ley de la gravedad y proclamar que no es cierto eso de que la energía solo se transforma, ni se crea ni se destruye? Lo es, técnicamente es posible, responderá un asesor diligente. Cosa distinta es que la fruta madura seguirá cayendo de los árboles y que las ruedas de los coches continuarán calentándose por el roce con el asfalto. Así nos va.
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