Agentes sociales, tibios y lentos

«En el día en el que el Diálogo Social cumple 20 años de concertación entre la Junta de Castilla y León, la organización empresarial CEOE-Castilla y León y las sindicales CC OO y UGT defienden, a través de un artículo conjunto, la utilidad de esta herramienta de concertación y democracia participativa a lo largo de estos dos decenios de historia así como su plena vigencia y apuesta de futuro». Así arrancaba un comunicado de la Junta de Castilla y León el 9 de noviembre del año pasado. El artículo mencionado comenzaba diciendo que «Castilla y León es una tierra de diálogo». Entre aquel mensaje en el portal de comunicación de la Junta y otro emitido este 13 de junio en el mismo portal en el que se detalla una reducción de más de 20 millones de euros en varios ejercicios destinados al Diálogo Social y otros programas de empleo han transcurrido apenas siete meses, unas elecciones y la entrada de Vox como socio de gobierno junto al PP. En el de esta semana lo que se dice es lo siguiente: «El Gobierno de coalición empieza a cumplir uno de los puntos estratégicos del acuerdo de legislatura, consistente en recortar de manera significativa el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales».

Habrá que concluir pues que Castilla y León quizás ha dejado de ser una tierra de diálogo. En noviembre, el presidente Alfonso Fernández Mañueco y los dirigentes de CEOE, CC OO y UGT, Santiago Aparicio, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, firmantes del primer texto, se expresaban con párrafos del siguiente tono: «Hoy nadie duda de que el Diálogo Social constituye una de las principales señas de identidad de Castilla y León, algo que nos sitúa entre las sociedades más avanzadas de Europa. De hecho, la propia OIT califica nuestro Diálogo Social como de primer nivel, el máximo posible, convirtiéndose en una de las principales herramientas de la democracia participativa».

Ahora todo eso lo ha convertido la propia Junta en papel mojado, palabrería, en una partida de gasto superfluo y poco menos que un derroche. Un derroche perpetuado durante 20 años… Más aún si atendemos a la tibia reacción de los agentes sociales. Quizás por eso también sea cierto que, como aseguraba el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), en rueda de prensa: «Con esta medida se empieza a cumplir el compromiso de recortar en al menos un 50% el gasto público institucional que no acredita su beneficio para los ciudadanos». Los agentes sociales, más allá del estrepitoso descaro del Partido Popular entregando en bandeja lo que el propio PP ha considerado la joya de la corona de sus muchos años de gobierno en la comunidad, están demostrando que el modelo que defiende el Diálogo Social no gozaba de buena salud.

No se comprende si no que el mismo día que García-Gallardo y el consejero del ramo, Mariano Veganzones, un funcionario adscrito, por cierto, al Consejo Económico y Social, una institución que bebe del mismo espíritu y valores que el Diálogo Social, dieran a conocer las medidas, los representantes de los dos sindicatos mayoritarios y la patronal no pusieran pie en pared. Primero para transmitir preparación, conocimiento y reflejos. ¿No sabían que esto iba a pasar, cuando formó parte de la negociación de gobierno y de los mensajes más potentes de Vox? Segundo, para reducir margen de maniobra al mensaje de que el Diálogo Social es un foco de corrupción, tirar el dinero de los ciudadanos. Tercero, para reclamar explicaciones al PP, al partido que más tiempo y con más empeño ha defendido este sistema de vertebración social. Y cuarto, y más importante, para mostrarse tajantes y rotundos en la defensa de un modelo de concertación, diálogo e interlocución básico, consagrado en la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, que, con sus defectos, ha logrado convertirse en una «una institución esencial para nuestra comunidad al servicio y al alcance de todos los castellanos y leoneses», según culminaron en su conmemoración de noviembre.

• Temas
• Vox
• Castilla y León