En un principio, la noticia pasó casi inadvertida pero ayer la confirmó El Norte: las empresas de telefonía han puesto a disposición del Gobierno los datos de más de 40 millones de usuarios de móviles para luchar contra el coronavirus. La semana pasada, alguien ( ... no recuerdo quién era ni qué representaba) se esforzaba en tranquilizar al personal jurando por sus muertos que la información que contengan los teléfonos intervenidos es estrictamente confidencial, y solo se utilizaría para avisarnos de que tenemos cerca a un contagiado, o de que estamos fuera de casa, que es donde tendríamos que estar en ese momento. Para mayor tranquilidad el portavoz aseguraba que el contenido de nuestra agenda telefónica seguía amparada por la Ley de Protección de Datos.
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La sola mención a dicho texto legal hizo que se me pusieran como chinchetas los cuatro pelos que tengo porque es la misma legalidad que permite a cualquier empresa o persona a quien no conocemos de nada llamar a la hora de la siesta para ofrecernos una tarifa plana, un seguro sumamente ventajoso, un crédito o una bonificación de la Fundación Tripartita para formar a nuestros empleados con grandes descuentos. Cuando alguno de estos vendedores a distancia me irrita en exceso y le pregunto cómo ha obtenido mi número de móvil, tiene el cuajo de responder: no se lo puedo decir porque me lo impide la Ley de Protección de Datos. Manda huevos.
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