Un acuerdo en el alambre

El preacuerdo suscrito el martes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar un Gobierno de coalición ha generado entusiasmo en Unidas Podemos, alivio en el PSOE, expectativas entre quienes secundaron al hoy presidente en funciones en la moción de censura contra Rajoy, y satisfacción ... en CC OO y UGT. Pero, al mismo tiempo, ha despertado la oposición y muy serias reservas en la otra mitad del Parlamento, pronósticos nada optimistas por parte de las organizaciones empresariales y apreciables caídas en la Bolsa. La preocupación de fondo es que la fórmula de Gobierno avanzada por Sánchez e Iglesias no permita superar el ciclo de inestabilidad iniciado en 2015. Que resulte cuando menos ineficaz para afrontar la desaceleración o que incluso siga paralizando deliberadamente las reformas que requiere la economía española. Y que tienda a neutralizar al Estado de Derecho con respecto a los episodios de vulneración de la legalidad que afloren en nombre de la independencia de Cataluña. Especialmente cuando ayer mismo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, defendieron el «derecho a la protesta» y la continuidad de las movilizaciones como valores de la estrategia secesionista, sin asomo de crítica hacia la violencia y la coacción, mientras los CDR hacían balance de su actuación con el lema «Independencia o barbarie». El preacuerdo entre Sánchez e Iglesias aspira a una investidura en segunda votación. Los 155 escaños que suman el PSOE y Unidas Podemos superan en dos los votos negativos de PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma. Bastaría con que los demás grupos se abstuviesen para que el líder socialista continuara en la Moncloa. Pero es evidente que hasta la abstención dependerá de negociaciones previas y que una parte del independentismo catalán está perfectamente vacunado como para coincidir en el 'no' con Vox. De manera que la entente de las dos principales fuerzas de la izquierda, cuya viabilidad se encuentra en el alambre, estaría obligada a prometer una relación de bilateralidad rayana con la confederación entre el Gobierno central y la Generalitat para atender los mínimos exigidos por ERC a cambio de su abstención. Con ello, los virtuales presidente y vicepresidente se subirían a la 'montaña rusa' de una crisis en la que las instituciones catalanas se solapan con la actuación de colectivos anónimos y clandestinos que, a su vez, se ven puntualmente superados por otros aún más fuera de control.