El aborto es constitucional
Editorial ·
La resolución del TC cuenta a estas alturas con una amplísima aprobación en el ámbito político que ayer hizo explícita Núñez FeijóoEditorial ·
La resolución del TC cuenta a estas alturas con una amplísima aprobación en el ámbito político que ayer hizo explícita Núñez FeijóoEl Tribunal Constitucional avaló ayer en su integridad la Ley del Aborto promulgada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con el voto de los siete magistrados que componen la nueva mayoría progresista frente a los cuatro conservadores. Aunque la ponencia redactada por ... Enrique Arnaldo –nombrado a propuesta del PP– fue rechazada, la corte de garantías exhibió un amplio consenso de fondo, ya que ese texto solo consideraba contrario a la Carta Magna un aspecto de la norma: el referido a la información que debe recibir la mujer antes de decidir definitivamente si interrumpe su embarazo. A la espera del borrador de sentencia que elabore la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, queda desestimado así en todos sus extremos el recurso que presentó en 2010 el PP, que en ese periodo ha imprimido un rotundo giro a su posición sobre este asunto y evitó reformar la ley en la línea de su argumentario de entonces incluso cuando dispuso de mayoría absoluta. La injustificable dilación con la que ha sido resuelto este caso ha llevado a que la disposición respaldada por el TC haya sido superada por una nueva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
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La ponencia de Arnaldo concluía que «el 'nasciturus' no es titular del derecho a la vida» y daba vía libre al modelo de plazos establecido hace 13 años por el que la mujer puede abortar libremente en las primeras 14 semanas sin dar explicaciones ni cumplir requisito alguno. Sin embargo, al situar la información debida a la gestante como garantía necesaria de la constitucionalidad de la interrupción del embarazo proponía la obligación de que le fuera comunicada de forma verbal, no solo por escrito, y que dispusiese de tres días de reflexión. Los términos en los que se expresaba el magistrado no tendrían que asimilarse al protocolo anunciado por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que desde el propio Gobierno autonómico fue considerado rayano en la coacción.
En cualquier caso, y siempre a expensas de los matices que introduzca la sentencia final, la decisión del Constitucional impide trastocar lo más mínimo la ley de 2010. Al tiempo que, tras más de una década en la que el PP no se ha retractado de su recurso, pero tampoco lo ha vindicado, la posición del tribunal de garantías cuenta a estas alturas con una amplísima aprobación en el ámbito político, que ayer hizo explícita Alberto Núñez Feijóo.
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