24.000 euros

Nada de lo que ocurre en los populares leoneses puede resultar extraño. La historia remarca que su día a día siempre ha sido trompicado, salpicado por todo tipo de cuestiones personales, guerras internas, envidias mal entendidas y enfrentamientos a destiempo.

Sí, es cierto, todo ese escenario tan singular se ha difuminado en no pocos momentos, especialmente en aquellos que se han visto acompañados por victorias electorales. Entonces, con mucho que repartir, los ánimos se han calmado hasta aparentar una falsa sensación de normalidad.

El PP leonés vive inmerso en un mundo de familias y subfamilias, las de León y las del Bierzo, en primer término, y a partir de ahí todas las que se quieren encajar en un escenario de personalismos: carrasquistas, silvanistas, javieristas, manolistas y un largo etc que se resume que uno de los grandes clásicos de la política, 'cada cual, en función del momento, se arrima al sol que más calienta'.

Pero en esa lucha de poderes en esta ocasión se han superado todos los límites previsibles. Dos candidatos luchan legítimamente por alcanzar la presidencia del partido, cada cual recorta el camino por donde puede (unos, aseguran, contratan detectives privados en busca de la 'mierda' del rival; otros, remarcan, 'engordan' presuntamente el censo para aumentar su peso específico). Y todo así hasta que las urnas hablan y entonces encumbran a uno de los candidatos y condenan a su oponente.

La política de partido siempre ha tenido una especie de arte del engaño, del ensimismamiento, hasta conseguir que el partido encaje su complejo puzle interno. Y ocurre así en todos los niveles orgánicos y en todos los partidos.

Pero solo aquí, en el PP leonés, se producen situaciones tan variopintas como que el candidato derrotado (Manuel García) demande al propio partido que pretende presidir y le pida ante la Justicia una indemnización de 24.000 euros (6.000 euros «por no haber podido ejercer el derecho de impugnación», otros 6.000 por «vulnerar el derecho de sufragio pasivo», 6.000 más por «vulnerar el derecho de información de los afiliados» y como remate 6.000 por «vulnerar el derecho de igualdad).

No habrá muchos casos en los que un afiliado de un partido político, aspirante con todo derecho a presidir el mismo y derrotado de forma abrumadora en las urnas, opte por pedir a las siglas que quiere representar el pago indemnizatorio de 24.000 euros como compensación a su mucho e inútil esfuerzo.

Queda la judicialización del 'caso leonés' como ejemplo de todo aquello que la política nunca debería ser, un apestoso barrizal en el que se meten los pies, las manos y hasta la cabeza, por pisar las alfombras del poder.

No solo quien alienta este disparate debería reanalizar la situación y su entorno, quizá también debería revisar sus propias convicciones y recordar si el propósito de servicio (al partido y a la sociedad) es compatible con los 51 folios que como alegre entretenimiento veraniego se pueden leer en forma de demanda.

Puede, incluso, que la Justicia termine realizando a Manuel García alguna concesión; otra cosa será la propia política y el demandado PP. Estas cosas, como otras muchas, efectivamente solo pueden ocurrir en León.