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El asunto no es menor, ni baladí, tampoco es algo anecdótico y ni siquiera se diluirá en el tiempo con la velocidad que lo hacen los terrones de azúcar en medio de una taza de café. Esa ingenua creencia de que todo pasa, todo se olvida, todo desaparece, no sirve para una cuestión que está mucho más enraizada de lo que la política, y los políticos, suelen creerse.

Nadie, por el momento, ha optado por entrar en el fondo de la cuestión. Nadie lo ha hecho quizá porque a nadie le interesa o simplemente porque incomoda más allá de lo imaginable o de lo políticamente correcto.

Pero la realidad es la realidad. El 'problema' no es el 'leonesismo', ni quién lo defiende. No es un 'problema' defender una tierra dentro del marco constitucional y no es un 'problema' reclamar lo que se entienda justo siempre que no se sobrepasen las normas legales. Y por ahí camina el temido 'leonesismo'.

El leonesismo es creer en un reino perdido en el tiempo y apostar por un desarrollo común desde un marco institucional y normativo diferente al actual. Pero... ¿Qué ha llevado a que ayuntamientos gobernados por fuerzas tan dispares como el PP o el PSOE a aprobar esta moción más allá del evidente interés de la UPL por este caso?

La realidad es que en León existe un sentimiento común sobre este asunto que (¡oh paradoja!) nunca se ha trasladado de forma efectiva a las urnas. Las corrientes políticas nacionales siempre han sido mucho más fuertes que los asuntos cotidianos, normalmente más menudos a los ojos de los grandes momentos políticos, así que se da una especie de amor platónico (leonesista) que se rompe a la hora de valorar lo que pide el corazón y aquello que sostiene la razón (o la sinrazón).

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Responder a esa cuestión siempre ha sido un asunto incómodo porque siempre es incómodo llevar la contraria a quien gobierna o exponer una reflexión serena, pero a distancia, de la realidad percibida desde las alturas políticas.

León es leonesista (en base a la aprobación de mociones municipales) al sentirse una provincia arrinconada en una comunidad contrahecha. Recordaba Martín Villa que Castilla y León se unieron artificialmente en un empeño por levantar una comunidad «fuerte y sólida» que sirviera «de contrapeso» a movimientos como los generados en Cataluña. Esas fueron sus palabras y, se supone, esa fue la realidad.

El gran fracaso fue el salto del plano teórico al práctico. Esta comunidad, la que tenemos, la de las dos regiones (otra incomodidad), no se asienta porque vive inmersa en un proceso de fuerza centrípeta que no lleva a nada, absolutamente a nada. Esta comunidad, sin capital por muchos años, vive sumida en una permanente mirada al ombligo desde sus instituciones.

Nadie descentraliza (llegar la sede del Procurador del Común a una provincia y la del Consejo de Cuentas a otra no es descentralizar) y no se atajan los problemas reales, ni se dimensionan, ni se prevén, ni se estudian en profundidad.

«¿Por qué las Cortes no pueden estar en León si somos la Cuna del Parlamentarismo?», se preguntó el socialista José Antonio Diez la pasada semana.

¿Alguien podría responder?