La UCO vuelve a registrar la Diputación de Badajoz en busca de más información sobre el hermano de Pedro Sánchez

La Guardia Civil ya recabó las cuentas corporativas del actual jefe de la Oficina de Artes Escénicas y de otros ocho funcionarios y políticos. Entre ellos los correos electrónicos del presidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Para ello, los agentes acudieron los días 10 y 18 de julio.

La Guardia Civil se llevó el volcado de las cuentas de correo entre el 1 de enero de 2016 (año y medio antes de que se convocara la plaza) y el 31 de diciembre de 2022 (cuando esta pasó de ser de coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) de los ocho trabajadores y políticos. En el caso del músico, el periodo de los correos intervenidos se extiende hasta la actualidad.

Pero este martes, los agentes de la UCO han pedido los correos electrónicos de más personas. Entre ellos, según ha podido saber HOY, del jefe de Servicio de Administración de Recursos Humanos, José Ramón Suárez. Suárez, que fue concejal del Ayuntamiento de Badajoz con el PSOE, pudo intervenir en el proceso de convocatoria de la plaza al contribuir a la redacción de las bases del concurso.

Estas actuaciones surgen a raíz de la querella presentada por Manos Limpias en un proceso que instruye el juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz. Las diligencias buscan aclarar si la Diputación preparó la plaza para el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, este aún era solamente secretario general del PSOE.

La denuncia de Manos Limpias, a la que después se sumaron otras asociaciones y Vox, pretende conocer si el músico cumple con su puesto de trabajo y si lo hace de forma presencial. Analiza también su patrimonio. Una de las últimas providencias de la jueza hace referencia a una investigación por malversación, aunque inicialmente el proceso se abrió también por tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.

Un reciente informe de la Agencia Tributaria dio un respiro al hermano del presidente del Gobierno, al asegurar que no ha cometido ningún delito contra la Hacienda Pública por residir en Elvas mientras trabaja para la Diputación de Badajoz. Desde el año en que adquirió la vivienda en Portugal, tributa en España como no residente. Además, analizó su patrimonio y no encontró tampoco indicios de delito.

Las defensas están preocupadas por la posible filtración de los correos electrónicos. Este martes, además, la Audiencia Provincial de Badajoz, delibera sobre los recursos presentado por las personas cuyas cuentas corporativas ya fueron incautadas en julio.

Tanto David Sánchez como la Diputación han pedido la nulidad de los correos incautados. Argumentan que no existen indicios de delito que hagan necesaria la intervención de sus comunicaciones. La jueza desestimó inicialmente este recurso y, por ello, la institución presentó un recurso de apelación que obliga a la Audiencia a pronunciarse. El músico se ha adherido a dicho recurso. Esa reunión estaba prevista para este martes.

En una providencia dictada a inicios de septiembre, la jueza que instruye el procedimiento recordó a a todas las partes implicadas que las diligencias del sumario son reservadas y no tienen carácter público hasta que se abra el juicio oral. Advierte de que las partes pueden afrontar multas de entre 500 y 10.000 euros si revelan indebidamente contenido del sumario del caso de David Azagra.

Pero, en una entrevista con HOY, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, afirmó que publicará los correos electrónicos de contenido profesional y no íntimo que le pudieran llegar como parte del procedimiento si la jueza no lo prohíbe expresamente.

La Diputación de Badajoz, por su parte, ha emitido un comunicado este martes y ha recordado que las actuaciones son secretas. En la nota, la institución ha informado que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido hoy a la sede de sus oficinas «a recoger información conforme al auto judicial dictado».

La institución provincial ha añadido que «las actuaciones han sido declaradas secretas por la autoridad judicial y, por tanto, desde la institución provincial no se puede facilitar más información al respecto». De esta manera, no dan a conocer los nombres de las personas cuyas cuentas corporativas han sido incautadas ni del tiempo que se analiza.

La Diputación afirma en esa misma nota que mantiene una «total predisposición y colaboración con las autoridades judiciales y policiales en este proceso, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad. Una colaboración que se ha agradecido, verbalmente, desde la autoridad judicial que lleva el caso».

«En todo momento, desde la Diputación de Badajoz mantenemos una actitud de cooperación absoluta con la justicia y estamos prestando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados. Es fundamental para la Diputación de Badajoz que se preserve la integridad de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos», continúa el comunicado.

La institución reitera su «disposición a colaborar en todo momento con las autoridades competentes» y agradece «el respeto y la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de esta investigación».