La UCO apunta que el ministerio de Ribera ayudó a la trama de hidrocarburos de Aldama

Los investigadores revelan en los documentos unidos al sumario, a los que ha tenido acceso este periódico, que el ministerio accedió a dar a Villafuel, la empresa en el epicentro de la defraudación del IVA (182,5 millones de euros en tres ejercicios: 2022, 2023 y 2024), la condición de operadora pese a no cumplir inicialmente los requisitos y después de varias reuniones con altos cargos del Ejecutivo. El propio De Aldama asegura que él mismo se encontró en persona en diversas ocasiones con la propia Ribera para hablar de otros asuntos.

La UCO destaca en sus atestados el hecho que de Villafuel consiguiera el 15 de septiembre de 2022 el visto bueno del departamento de Transición Ecológica para convertirse en operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos, después de varios meses de tira y afloja sobre los requisitos de capacidad financiera de la mercantil: se requería un mínimo de tres millones de euros fijado por ley. Todas las gestión con el ministerio las realizó la Dirección General de Política Energética y Minas. En concreto, la subdirección general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles.

«Este hecho resulta de interés, pues permite inferir la posible naturaleza instrumental de la operadora y la finalidad presuntamente delictiva para la que se habría constituido, contando con la posible anuencia o participación de órganos administrativos o de inspección, dada la aparente omisión de los requisitos formales para actuar como operador mayorista de hidrocarburos en el sector», afirma la UCO.

La propia Fiscalía Anticorrupción, en la querella en la que pidió al juez investigar a la trama, insistió en el trato de favor a Villafuel por parte de las autoridades del Ejecutivo central. «Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 sin cumplir, aparentemente, con el requisito financiero que la normativa exige, dado que, en esa fecha únicamente contaba con capital social suscrito por importe de 595.000 euros, en tanto que únicamente consta la ampliación de capital por importe de 580.000 euros. Además, el crédito bancario (2,5 millones de euros) lo obtuvo con posterioridad a la constitución como operador de hidrocarburos», denunció la Fiscalía

Los investigadores revelan que todo este proceso para convertir a Villafuel en operadora sin cumplir los requisitos inicialmente tuvo un papel destacado la influencia en el Gobierno de Koldo García, asesor y mano derecha del entonces ministro José Luis Ábalos.

«Fue, desde finales de 2020, cuando Claudio Rivas (socio de De Aldama) y Víctor de Aldama habrían ideado adquirir una operadora y construir una estructura que les permitiera mayor autonomía operativa. Se infiere de la investigación realizada que, con idea de dinamizar las gestiones necesarias para ello y a través de los contactos y relación de De Aldama, a través de Koldo García fijaron una reunión en el Ministerio de Industria. En ese mismo periodo, presentaron la documentación necesaria para iniciar los trámites del expediente de solicitud de la licencia de operador para Villafuel», destaca la Guardia Civil.