Turull reclama al Gobierno que no lo indulte y avisa que solo vale la amnistía

El Ejecutivo central tiene sobre la mesa una nueva demanda de medida de gracia solicitada por un ciudadano particular para los dirigentes del Govern catalán en 2017 que ya se beneficiaron de los indultos para poder salir de la cárcel por la condena por sedición, pero que siguen inhabilitados. Es el caso del propio Turull y de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados a la citada pena de inhabilitación, de 12 años, por la intentona separatista de octubre de 2017 y que les impide poder presentarse a las elecciones.

La petición la efectuó un particular, Jordi Miralda, en junio de 2024. El caso está en el Tribunal Supremo, que debe dar su opinión antes de que el Gobierno, del que dependen las medidas de gracia tome una decisión, aunque ya adoptó la de 2021 que benefició a los líderes del 'procés' encarcelados pese a la oposición de la Sala Segunda del alto tribunal. En el supuesto actual, la Fiscalía ya se ha pronunciado favorablemente. Hace tiempo que se especula con un nuevo indulto a los dirigentes secesionistas, como una especie de 'plan B' del Ejecutivo de Sánchez para contentar a los secesionistas si la ley de amnistía no acaba por beneficiarlos.

En su misiva enviada al ministro, Turull rechaza el indulto, pues lo que a su juicio debe aplicarse en estos momentos es la norma que borra los delitos del 'procés', recurrida, entre otros, por el Supremo al Tribunal Constitucional, el cual emitirá su veredicto en los próximos meses. El líder de Junts es muy contundente en lo que supone un serio aviso al Gobierno: a Junts solo le vale la amnistía y no quiere medias tintas. Los independentistas ya rechazaron la primera petición de indultos (los que se concedieron), aunque de forma retórica, toda vez que si los aprueba el Gobierno no pueden no aceptarse.

Quien no los ha descartado en esta ocasión es Junqueras, que tras ser reelegido presidente de ERC tiene intención de volver a presentarse a las elecciones en cuanto sea amnistiado o indultado. Junts desdeña esta medida de gracia, que ha podido estar sobre la mesa en las reuniones con el PSOE en Ginebra dado que Carles Puigdemont, en tanto en cuanto no ha sido condenado, no puede beneficiarse de la misma. Y si algún sentido tenía la ley de amnistía era para buscar una salida al caso particular del expresidente de la Generalitat. Los junteros mantienen la presión sobre el Gobierno para que, en lo que pueda estar en su mano –como por ejemplo a través de la Fiscalía, aunque ésta sea independiente– apriete para que la amnistía acabe aplicándose en toda su extensión.

En cualquier caso, en plenas negociaciones entre el Gobierno y Junts, los postconvergentes, que acusan a Pedro Sánchez de incumplir el acuerdo de investidura, sitúan la carpeta que los independentistas llaman antirrepresiva como la primera reivindicación del año. En principio, el Constitucional podría demorarse hasta octubre para resolver los recursos sobre la amnistía, lo que dificultaría el entendimiento entre los socialistas y los nacionalistas, en especial para aprobar los Presupuestos del Estado.   

Según Turull, que recuerda a Bolaños que él y los suyos no han renunciado a la vía unilateral hacia la secesión, una hipotética concesión del indulto estaría «blanqueando una actuación claramente prevaricadora de los cinco magistrados del Supremo que han denegado la aplicación de la ley de amnistía».

En la carta dirigida al ministro de Justicia, Turull afirma que esta actuación, a su entender «de rebeldía», del alto tribunal ha provocado que muchos juzgados de toda Cataluña no estén aplicando la exoneración de los delitos asociados al 'procés'. En este sentido, acusa a una gran mayoría de miembros del Supremo y de la alta Judicatura en general de «lanzar un pulso contra el Poder Legislativo». «Mucho antes de que se promulgase la mencionada ley ya se advertía de que a mí y a muchos otros conciudadanos no se nos aplicaría», remata.