Tres años de concesiones para continuar en La Moncloa

La derogación del delito de sedición o el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra son algunas de las últimas concesiones que, según la oposición, el Gobierno ha otorgado a sus socios como contraprestación a su apoyo a los Presupuestos. ERC, PNV y Bildu han mantenido a lo largo de la actual legislatura a Pedro Sánchez en la mayoría de votaciones relevantes que el Ejecutivo de coalición ha tenido que sacar adelante. Pero desde luego no lo ha hecho a cambio de nada.

Esta misma semana los de Arnaldo Otegui anunciaban que llegaba a un acuerdo con el Gobierno a cambio de su apoyo definitivo a las cuentas públicas previstas para 2023. Entre los puntos a cumplimentar en dicho pacto se incluyen compromisos tan significativos como la retirada de las competencias a la Guardia Civil de Tráfico en la Comunidad Floral de Navarra o como la cesión a Euskadi y Navarra de los nuevos impuestos a la banca y las energéticas. Pero también medidas sociales como la prórroga durante todo el 2023 del tope del alquiler en un 2% o de la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Compromisos que permiten a la formación abertzale hacerse con la bandera de propuestas que estaban a un mes de decaer y que le erigen de manera definitiva en el socio prioritario del Gobierno en estos momentos.

De hecho, se trata de inversiones que, según la formación abertzale, en esta ocasión superan los 445 millones. En la anterior negociación de las cuentas públicas, recuerdan, hicieron lo propio por 60 millones de euros. Entonces el Gobierno cedió en temas y permitió apuntarse tantos a Bildu como la suspensión de procedimientos de desahucio o lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Y otras más simbólicas: la emisión de la televisión vasca, ETB 3, en todo el territorio navarro o 500.000 euros para digitalización y gestión inteligente de medios audiovisuales en euskera.

Aunque los presupuestos de 2020 fueron los primeros que conseguía tramitar el Ejecutivo de coalición. Entonces el PNV sí que parecía ser el socio prioritario de Sánchez. En aquella negociación los nacionalistas vascos consiguieron frenar la subida del impuesto al diésel y una medida más simbólica como la enajenación de los terrenos del cuartel de Loyola. Es decir, la retirada del Ejército de dicho espacio. En la anterior negociación de las cuentas públicas, consiguió arrancar al Gobierno la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para el País Vasco.

El apoyo de PNV, Bildu y ERC, justo las fuerzas de las que el presidente abjuraba antes de las elecciones, ha sido una ecuación infalible para el Gobierno. Ciudadanos pareció erigirse en una opción para el Ejecutivo en algún momento, pero la insistencia del exvicepresidente Pablo Iglesias y el ala de Podemos en 2020 por apostar en todo momento por los socios de investidura prevaleció finalmente.

ERC ha apoyado las cuentas públicas del Ejecutivo en las dos anteriores ocasiones y en la actual legislatura se ha erigido como único socio del Ejecutivo dentro del independentismo catalán. JuntsperCat ha optado en todo momento por la confrontación con Sánchez, mientras los de Oriol Junqueras han sido firmes defensores de la mesa de diálogo y presumen de haber conseguido avances al respecto. Aunque ha habido votaciones relevantes en las que también han optado por no brindar su apoyo -como la de la reforma laboral-, ha sido uno de los sostenes del Ejecutivo desde que Sánchez aterrizase en La Moncloa.

PP, Vox y Ciudadanos ya señalaron a los republicanos cuando Sánchez indultó a los líderes independentistas del 'procés', y no dudan ahora en asegurar que detrás del cambio que ha acometido el Gobierno en el código penal para sustituir el delito de sedición por uno de desordenes públicos agravados también están los de Oriol Junqueras -que además no olvidan que otra de sus pretensiones para mantener la alianza con el PSOE pasa también por modificar la malversación-.

El complicado equilibrio entre nacionalistas, independentistas y socialistas ha hecho que la denuncia más repetida por parte de la oposición a Sánchez haya sido su actitud ante sus socios de investidura. La nueva Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, incluyó a petición de ERC, Bildu y PNV una enmienda para investigar los crímenes cometidos hasta 1982, con Felipe González ya en el Gobierno.

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