Termina la dispersión con el acercamiento de otros cinco presos de ETA a Euskadi

El perfil de los últimos trasladados es muy diverso. Sólo dos de ellos tienen delitos de sangre: Irantzu Gallestegi y Gregorio Escudero. La primera fue condenada por el asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco, el dirigente del PSE Fernando Múgica Herzog y el edil del PP José Ignacio Iruretagoyena y es la pareja sentimental de Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'. El segundo fue también condenado por el atentado mortal contra Iruretagoyena y se le responsabilizó del crimen del edil socialista Juan Priede. Los otros tres son Asier Borrero Toribio, Faustino Álvarez y Garikoitz Etxeberria, este último rompió con el colectivo oficial de presos en abril del año pasado.

La política de dispersión se puso en marcha a finales de los ochenta para intentar debilitar el control que mantenía la dirección de ETA sobre el colectivo de presos. Su éxito, en ese sentido, fue relativo. La ortodoxia se mantuvo de forma generalizada en las prisiones, y el número de reclusos que decidió romper con el EPPK fue mínimo. A lo largo de los noventa, los membros de la banda se repartieron por toda la geografía española. A los que contaban con perfiles más duros, se les llevaba a centros de Andalucía e, incluso, Canarias. La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa abrió un incesante goteo de traslados que ha tenido su último capítulo este viernes.

El final de la dispersión llega pocos meses después de la fecha que se manejó durante todo el año pasado. Navidades de 2022 fue el horizonte marcado en el calendario de Sare y Etxerat, que en su manifestación de primeros de enero celebraron ya el final de los alejamientos. El traslado de reclusos de la banda se aceleró de forma paralela a la sintonía que mantiene el Gobierno central con EH Bildu. La coalición soberanista, en la que la izquierda abertzale tiene el control, se convirtió en uno de los principales aliados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque las dos partes recalcaron siempre que esta cuestión no estuvo sobre la mesa negociadora, fue el propio Arnaldo Otegi quien en octubre del año pasado subrayó en una charla con militantes en Eibar que cualquier acuerdo con el Ejecutivo central pasaba por mejorar la situación de los presos de ETA.

Con esa sintonía sonando, los acercamientos cogieron alas. Sólo hubo un parón, entre abril y julio, duramente criticado por Sare, la plataforma a favor de los presos de ETA que lidera Joseba Azkarraga. Creyeron ver ahí la intención de frenar posibles efectos adversos en las elecciones andaluzas. El colectivo llegó a convocar algunas protestas para denunciar el «bloqueo». Una vez que se reactivaron las llegadas, cambió también el perfil y comenzaron a llegar a Euskadi algunos reclusos con los perfiles más duros.

Al margen de los acercamientos, que se han completado en la práctica totalidad, con la excepción del caso de Jaione Jauregi y los que están sujetos a la legalidad francesa, es notable también el acceso a los terceros grados que viene promoviendo el Gobierno vasco, que aboga por reforzar los regímenes de semilibertad en el cumplimiento de las penas. Ahí está encontrando el freno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha revocado una decena, el 27% de los 37 terceros grados concedidos por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.