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Pedro Sánchez ya da por hecho que puede incorporar a Coalición Canaria a las cuentas para su investidura. La portavoz, y única diputada de la formación, Cristina Valido, fue transparente el miércoles. Su sí a Alberto Núñez Feijóo no implica un no al PSOE. CC « ... se compromete con quien se compromete con Canarias», zanjó. Sobre el papel, eso significa que, si los socialistas son capaces de revalidar el apoyo de los grupos parlamentarios que ya los sustentaron la pasada legislatura, no necesitarían el voto favorable de Junts per Catalunya; les bastaría con su abstención. En la práctica, sin embargo, poco o nada cambia.
Disponer de 172 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC) frente a los 171 de PP, Vox y UPN implicaría que, aunque Sánchez perdiera en una primera votación, en la que se exige mayoría absoluta (176) para dar por concedida la confianza de la Cámara, estaría en condiciones de superar la segunda (en la que solo se requiere mayoría simple) siempre que el partido de Carles Puigdemont no se sume al bloque del no. Pero los socialistas asumían ya, antes de que se conociera el pacto de este jueves de ERC y Junts, que las exigencias del expresidente de la Generalitat serán exactamente las mismas para una abstención o un apoyo explícito: la amnistía del 'procés', para empezar a hablar, y, además, un «acuerdo histórico» para la celebración de un referéndum.
En ambos casos, lo que estaría haciendo el líder moral de Junts -no tiene cargo oficial en la organización- es permitir a Sánchez continuar al frente del Gobierno, algo que en campaña prometió expresamente no hacer. Por eso no tiene razones para rebajar la factura. Menos aún, dada la dinámica en la que, como volvió a evidenciarse este jueves en el Parlament, está enfrascado con ERC, a la que Junts no se ha cansado de acusar de sumisión al Estado por haber aceptado una mesa de diálogo que, pese a los indultos y la derogación del delito de sedición, considera inane para la causa independentista. O sea, para cumplir lo que llama el «mandato del 1-O».
Sánchez conoce el precio y las cartas con las que puede jugar. En la Moncloa, confían en que también la otra parte asuma que «hay cosas que el PSOE no puede hacer», aunque los socialistas han movido de manera considerable la linde de lo inaceptable respecto a hace tan solo dos meses, cuando tachaban la amnistía de inconstitucional, y varios kilómetros respecto a 2019, cuando hablaban de volver a castigar en el Código Penal la celebración de referéndums ilegales.
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El jefe del Ejecutivo sigue sin decir expresamente que esté dispuesto a hacer un borrado de los delitos del 'procés', pero ha ido allanando el camino a su aceptación con afirmaciones como la de que el conflicto catalán jamás debería haber derivado en una «acción judicial» o sus elusivas respuestas a una pregunta a la en julio habría contestado con un rotundo sí, la de si aspira a que Puigdemont sea juzgado en España.
Su determinación para revalidar como presidente es total y este jueves volvió a ponerlo de manifiesto ante sus colegas del grupo de los socialdemócratas europeos, a los que aseguró que habrá un nuevo Gobierno de coalición progresista «dentro de poco tiempo», y frente a quienes se jactó por los resultados de las generales con una lectura de tintes épicos. «La sociedad española lanzó un mensaje de enorme valor simbólico y también de un alcance europeo que creo que no se nos escapa a ninguno - proclamó-. Los españoles y españolas dijeron con su voto, nítidamente, a toda Europa que la ultraderecha no es imparable».
Sánchez afirmó además que la noche electoral recibió muchas llamadas «conmovedoras» de políticos europeos que celebraron el triunfo «como propio» y arguyó que la constitución de un nuevo Gobierno «progresista» -que inevitablemente tendrá que pasar por un partido con planteamientos tan poco ajustados a ese término como Junts- es un «mandato» de las urnas.
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