El Senado renuncia a pleitear con el Congreso ante el Constitucional por la amnistía

La procelosa tramitación de la proposición de ley de amnistía, formalizada el 13 de noviembre en el registro del Congreso y que aún no ha sido refrendada por las Cortes, ha ido enconando el pulso entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, decidido a utilizar su hegemonía en el Senado a modo de contrapeso aun cuando su veto a la norma -que se ha aprobado precisamente hoy- carezca de efectos prácticos, porque la Cámara baja tiene previsto sancionarla definitivamente en el pleno del 30 de mayo. El pasado 10 de abril y dentro de esa estrategia contra la exculpación del 'procés' que ha proyectado en las instituciones españolas y europeas y en la calle, los populares hicieron valer su preeminencia en el pleno del Senado para que éste planteara un conflicto de atribuciones, sin precedentes en democracia, al Congreso con la previsión, en su caso, de llegar hasta el TC.

La formación de Alberto Núñez Feijóo contaba para su argumentario con el informe de los letrados de la Cámara alta, que consideran que esta amnistía constituye «un fraude» constitucional porque, entre otras cosas, escamotea una necesaria reforma de la Carta Magna alentando, al tiempo, el contencioso con el Congreso porque al tramitar la norma como una mera ley orgánica los diputados estarían hurtando sus funciones a los senadores. Sobre esta tesis, la Cámara alta planteó a la baja el conflicto de atribuciones pidiéndole que «revocara» la amnistía paralizando su paso por las Cortes. Un requerimiento rechazado por la Mesa del Congreso el 16 de abril, que exigió a sus pares el «desistimiento en la continuidad del presente procedimiento».

Para entonces, el PP ya había empezado a dar a entonces que no forzaría el pulso elevándolo al Constitucional, lo que suponía no solo un órdago desconocido en la democracia española, sino que también llevaba aparejado el riesgo de que la iniciativa recibiera el revés del Constitucional, al que los populares creen un árbitro parcial desde el cambio de mayorías y la inclusión en él por decisión del Gobierno del exministro Juan Carlos Campo y la antigua funcionaria de Moncloa Laura Díez; un riesgo, en todo caso, que los populares conocían cuando optaron por buscar el choque por la amnistía entre su mayoría en el Senado y la de Sánchez y sus socios en el Congreso.

En el escrito de 11 folios en el que propone al pleno del Senado -se votará este jueves- que frene la decisión que adoptó en su sesión del 10 de abril, el Grupo Parlamentario Popular atribuye a la Mesa de la Cámara baja que preside la socialista Francina Armengol una actitud de falta de «respeto institucional» que sería la que habría frustrado, según su tesis, la continuidad del pleito. Los de Feijóo acusan al órgano rector del Congreso de haber «entorpecido el ejercicio por parte del Senado de su derecho a plantear el conflicto» al despachar el contencioso con una respuesta que, en realidad, correspondería al pleno de la Cámara baja y arrojando «una notable indeterminación sobre los plazos» perjudicando «irreversiblemente» la vía que debían seguir los senadores antes de recurrir al Constitucional. Los populares vienen a argüir que no van al TC no porque no quieran, sino porque la Mesa del Congreso ciega esa posibilidad con sus incumplimientos al propiciar la discusión requerida en pleno y cuando la norma ha acabado hoy mismo ya su tránsito por el Senado antes de regresar a la Cámara baja