El PSOE tira de la corrupción del PP para surfear el 'caso Ábalos' con sus socios de perfil

El único de sus apoyos de investidura que este lunes puso en cuestión que, efectivamente, Pedro Sánchez pudiera haber vivido ajeno, como sostiene, a las andanzas de quien fue secretario de Organización del PSOE y responsable de uno de los ministerios que más presupuesto manejan durante tres años fue Podemos, aunque al mismo tiempo negara a los populares la mínima autoridad moral para exigir dimisiones o presentar querellas.

«La corrupción en el PP no era algo ajeno a M. Rajoy», remarcó el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, en alusión al modo en el que el nombre del expresidente del Gobierno aparecía en las anotaciones del tesorero popular Luis Bárcenas, condenado por el 'caso Gürtel'. «Y la supuesta corrupción en este caso en el Partido Socialista es inverosímil que fuera ajena a Pedro Sánchez», remachó. Sumar, coaligado en el Gobierno, defendió, en cambio, que los socialistas ya han dado todas las explicaciones que tienen quedar.

El PP dio el paso de hacer efectiva ante la Audiencia Nacional la querella anunciada el domingo contra el PSOE por delitos de financiación irregular, cohecho y tráfico de influencias. Lo que pretende es que el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ya investiga un macrofraude con hidrocarburos que afecta al comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, indague si, siendo Ábalos número tres del PSOE, se hicieron entregas de bolsas de dinero en metálico en Ferraz «a cambio de favores políticos» , como denunció un supuesto socio del empresario imputado en una entrevista, sin aportar ni su identidad ni nada más que su testimonio.

El portavoz del primer partido de la oposición, Borja Sémper, defendió a las puertas de la Audiencia que el asunto es «de tal envergadura» que merecería que se abriera una pieza aparte. «Esto va a ir engordando y va a provocar que se vaya desangrando más el Gobierno -auguró-. Todo se va a terminar por saber y lo que hoy son sospechas se acabará convirtiendo en evidencias». Los de Feijóo van a tratar de forzar este martes en la Junta de Portavoces la celebración de un pleno monográfico en el Congreso.

La pretensión de usar esta cuestión como el ariete definitivo para derribar a Sánchez choca, sin embargo, por ahora, con las mismas dificultades que cualquier otro de sus intentos. El PP no tiene votos para hacer prosperar una moción de censura. Vox ya volvió a advertir, a través de su secretario general, Ignacio Garriga, que «no pacta con independentistas» e instó a los populares a romper cualquier acuerdo y negarse a negociar nada con los socialistas, en un momento en el que está pendiente hablar del reparto de menores inmigrantes o de la condonación de deuda a las autonomías. Pero es que tampoco Junts, el más circunstancial de los socios de Sánchez, ha dado ninguna señal de estar por la labor.

Los de Puigdemont guardan a día de hoy un silencio premeditado. Y el PNV, la única otra fuerza parlamentaria con la que, en determinadas políticas, el PP podría encontrar alguna afinidad, no tiene la más mínima intención de dejar caer a un Ejecutivo con el que acaba de pactar el traspaso de varias competencias pendientes, como dejó claro el lehendakari, Imanol Pradales, tras entrevistarse con Sánchez en la Moncloa. El portavoz en el Congreso de los peneuvistas, Aitor Esteban, sí admitió que sería bueno que el jefe del Ejecutivo dé «cuantas más explicaciones mejor» y remarcó que hay asuntos como el del llamado 'Delcygate' sobre el que debería arrojarse más luz, pero puso en duda que la querella presentada por el PP tenga suficiente base y recordó que el exhaustivo informe de la UCO no habla de financiación ilegal del PSOE. «Por el momento, más allá de una información en un medio tampoco de gran difusión, que no recoge ni cuáles son las fuentes ni los datos, no ha habido nada de eso», dijo en Onda Vasca.

Sánchez, que intervino en Barcelona en el foro 'World in progress', evitó hacer alusiones expresas al tema. Pero, también sin mencionarlos directamente, acusó a los populares de querer «camuflar su falta de proyecto» con una estrategia de «desinformación» y volvió a situar el final de la legislatura en 2027. «Al ruido vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona y que ha contribuido al excelente momento económico que vive -dijo-. Y nada ni nadie nos va a apartar ni un milímetro de ese camino».

Desde Ferraz, Peña, insistió en que su partido no admite «lecciones» del PP y amenazó con llevar a Alberto Núñez Feijóo a los tribunales si no da cuentas de los contratos de la Xunta de Galicia a algunos de sus familiares.