Sánchez sobrevive a un año de crispación y de 'fuego amigo'

Estos logros no han salido gratis. El blindaje que los soberanistas catalanes y vascos han proporcionado a Sánchez ha sido a costa de las concesiones de este a las exigencias, sobre todo de Esquerra Republicana de Catalunya, para beneficiar a los condenados e indultados líderes de la intentona independentista catalana de 2017. Para ello, el Gobierno presentó una polémica reforma exprés del Código Penal, eludiendo cualquier informe previo de los organismos consultivos, para directamente suprimir el delito de sedición (por el que el Tribunal Supremo castigó a varios de los condenados por el 1-O) y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, con una pena muy inferior; y para modificar a la baja las penas y la inhabilitación por el de malversación de caudales públicos si no hay lucro personal, que favorecerá también a los secesionistas catalanes.

Una «arriesgada» reforma penal, según dijo el presidente, para «rescatar a Cataluña de la crispación y devolverla a la convivencia»; una «cesión absoluta de Sánchez a los delincuentes para mantenerse en el poder», según todos los partidos a la derecha de los socialistas. En la práctica, como admite y celebra ERC, «una amnistía de facto» para su líder Oriol Junqueras y el resto de penados por el 'procés' y un aliviado futuro penal para el fugado expresidente catalán Carles Puigdemont.

La rebaja del delito de malversación ha levantado ampollas incluso entre los propios socialistas porque beneficiará a otros condenados por corrupción. De hecho, desde el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que obligará a revisar a la baja algunas de las sentencias y procedimientos de corrupción más emblemáticos de los últimos años, como el caso Nóos, por el que ingresó en prisión Iñaki Urdangarin, o el caso de los ERE de Andalucía, por el que el expresidente de Andalucía José Antonio Griñán fue sentenciado a seis años de prisión, pendientes de cumplir.

Estas reformas penales 'ad hoc', junto a las propuestas y paralizadas que afectaban el Poder Judicial, sumadas a la Ley de Memoria Democrática –que el Gobierno sacó adelante en pleno verano tras pactarla con EH Bildu–, han elevado al máximo este 2022 la crispación política en España, que ha alcanzado cotas inimaginables y ensanchado más aun el abismo abierto entre el Gobierno y la oposición. La polarización es ahora extrema, con dos bloques irreconciliables en las Cámaras: las izquierdas y los soberanistas, a los que Pedro Sánchez ha unido inexorablemente su destino, y la derecha institucional, condenada a apoyarse en Vox, pero amenazada por su radicalidad.

Esta tensión política también ha traslucido este año entre los propios socios del Gobierno por las discrepancias, a veces graves, entre la facción mayoritaria socialista y la minoritaria de Unidas Podemos en la toma de decisiones urgentes e incluso en la hoja ruta legislativa. Así, el Ejecutivo ha vivido terremotos internos en decisiones como el incremento del gasto militar, el cambio radical de postura de Sánchez sobre el Sáhara, los diferentes enfoques y alcances en los planes de choque frente a la crisis económica derivada de la invasión rusa de Ucrania, la ley de bienestar animal y, en los últimos meses, por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del 'solo sí es sí', y la ley trans.

La primera de estas dos últimas normas, aprobada por el Congreso a finales de agosto, ha traído además un temporal político y social ante la rebaja de las penas, e incluso algunas excarcelaciones, a decenas de agresores sexuales, beneficiados, contra la intención del legislador, por la nueva ley, sobre cuyos efectos el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ya estaba advertido por un informe del Consejo General del Poder Judicial.

El controvertido proyecto de la ley trans, que ensancha los derechos LGTBI, consagra la autodeterminación de género y posibilita el cambio registral de sexo, salió adelante tras meses de tensiones por las diferencias de criterio entre el feminismo del PSOE y el de Unidas Podemos.

Entre las normas que siguen en el cajón por las serias discrepancias en el seno del Gobierno están la ley de vivienda o la derogación de la llamada 'ley mordaza' del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno también se vio salpicado entre abril y mayo por el escándalo al admitir la jefa del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban –luego cesada–, que el CNI investigó en 2019 con el programa de espionaje Pegasus a independentistas catalanes, entre ellos a Pere Aragonès (entonces vicepresidente y hoy presidente catalán). Este hecho amenazó con romper los lazos de ERC con el Gobierno, lo que no ocurrió por sus intereses compartidos.

Casi a la par, en un giro de guion, el Gobierno denunció el espionaje y el robo de toda la información de los móviles del presidente Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del mismo programa, y culpó del ataque ilegal a un «actor externo», supuestamente Marruecos.