Sánchez pone en el foco a una empresa privada de servicios como arma contra el PP

En medio de las investigaciones judiciales abiertas contra Begoña Gómez por el 'caso Koldo' y las presuntas irregularidades en torno al hermano de Pedro Sánchez por su actividad en la Diputación de Badajoz, los socialistas han visto en Micaela Núñez Feijóo, máxima responsable de la compañía en el noroeste de España, un ariete con el que contraatacar directamente al jefe de la oposición.

«Vamos a exigir por qué Eulen. Cuáles fueron las ofertas de otras empresas. Es decir, las cosas normales de publicidad, de transparencia y de concurrencia en cualquier contrato público», anunció ayer el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en declaraciones grabadas distribuidas a los medios de comunicación.

La ofensiva del PSOE se enmarca en la antesala de la guerra que se avecina en las comisiones de investigación parlamentaria entre PSOE y PP a la vuelta del verano y a raíz de diversas informaciones del diario Público sobre los 17 millones de euros en adjudicaciones que Eulen ha recibido de la Administración gallega desde que Alfonso Rueda es presidente del Ejecutivo gallego. A esta cuantía hay que añadir los más de 37 millones que obtuvo esta empresa en los trece años que el propio Feijóo estuvo al frente de la Xunta.

Según denuncian los socialistas, casi cuatro millones de estos contratos fueron tramitados por la prima de Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, exgerente de los hospitales públicos de Santiago y O Barbanza.

El Grupo Eulen, dedicado a servicios para empresas, desde la limpieza, mantenimiento y seguridad, tiene contratadas a 75.056 trabajadores en todo el mundo y es uno de los mayores empleadores de España junto a Mercadona o El Corte Inglés. Con unas ventas consolidadas que en 2023 superaron los 1.728 millones de euros, la compañía es una de las principales contratistas del país con todas las administraciones municipales, autonómicas y estatales. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la gestión de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla adjudicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pese a la polémica, lo cierto es que el presunto «favoritismo» y «trato de favor» que denuncia el PSOE hacia esta empresa se retrotrae a comienzos de la primera legislatura de Feijóo en Galicia. El asunto estuvo en el punto de mira de la oposición, que denunció que la mayoría del PP en el Parlamento bloqueó cualquier intento de investigarlo, pero las acusaciones nunca llegaron a la vía judicial. Sí presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en 2022 la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) pero no tuvo trascendencia judicial. Eulen ha declinado responder a las preguntas formuladas por este medio al respecto.

Este martes, cuatro días después de que Ferraz diese de plazo al PP hasta septiembre para que rinda cuentas sobre este tema, el Partido Socialista de Galicia (PSdG) pidió una comisión en el Parlamento gallego para esclarecer si las adjudicaciones fueron «en función del interés público o si, en realidad, responden a otro tipo de interés», señaló la secretaria de organización adjunta, Ana Pena, instando al resto de partidos a sumar fuerzas y poner «luz y taquígrafos» sobre estos contratos. Y Patxi López insistió en que su partido hará «todo lo que está en nuestras manos para que esas explicaciones sean públicas», sin desvelar si citarán en la comisión de investigación del Congreso a la hermana de Feijóo o al propio líder nacional.

Por el momento en las filas populares restan importancia a estas acusaciones. El PP gallego defendió el lunes el proceso «transparente» en que se desarrollan las mesas de contratación en Galicia y tildó de «cortina de humo» la estrategia del PSOE. Y en Génova recuerdan que Pedro Sánchez está en la lista de comparecientes en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado aunque no hay fecha para su declaración.