Sánchez obliga a Marlaska a anular en horas la compra de balas israelíes para calmar a Sumar

En Moncloa rebajan el tirón de orejas al responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y defienden que el presidente del Gobierno es perfectamente consciente de que en ningún momento obró de «mala fe». «Una cuestión de pura inercia burocrática», justifican en su entorno. Lo cierto es que cuando en el pasado 24 de octubre trascendió que su departamento, en concreto, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, había encargado a la citada empresa el suministro de más de 15 millones de balas por valor de 6,6 millones de euros, ya estaba en vigor el compromiso del Ejecutivo de suspender todas las operaciones de compra-venta de material militar con Israel.

Días después, el 29 de octubre, el Gobierno anunció que rescindiría la adjudicación, pero finalmente no lo hizo y el pasado viernes santo se publicó su formalización en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Yolanda Díaz y las formaciones agrupadas en torno a Sumar pusieron el grito en el cielo y exigieron una rectificación. IU incluso reclamó la dimisión de Marlaska. Pero en Interior y en Moncloa alegaban que el asunto no era tan sencillo, que había sido la Abogacía del Estado la que había recomendado seguir adelante so pena de tener que pagar los 6,6 millones y no recibir la munición o incluso tener que asumir alguna penalización.

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Toda esa justificación saltó por los aires a mediodía de ayer, cuando la Secretaria de Estado de Comunicación anunció en un comunicado que presidencia del Gobierno, la vicepresidencia segunda, encarnada por Yolanda Díaz, y «los ministerios competentes» habían decidido que la Junta de inversión de material de doble uso deniegue a Guardian Homeland Security el permiso de importación «por razones de interés general» y que, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindiría el contrato. Apenas unos minutos antes, el departamento de Marlaska solo reconocía que se le había pedido «revisar» el contrato y buscar «alguna fórmula jurídica» para tratar de anularlo con el «menor coste posible» o «sin coste alguno» para las arcas del Estado.

En la misma nota en la que da marcha atrás, el Gobierno asegura que el resto de procesos de compra de material militar a empresas israelíes que siguen abiertos y que son relativos a armamento – el Ejecutivo distingue entre el material ofensivo y defensivo – «no se van a ejecutar» y argumenta que, en todo caso, se trata de contratos que se iniciaron antes de que Israel desatara su ofensiva sobre Gaza, en la que han muerto ya más de 50.000 personas, la mayoría civiles, en represalia por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

A Sumar y a IU, que batalla por volver a tener un papel preponderante en la izquierda, la rectificación les vale. Yolanda Díaz, se mostró orgullosa tras sacar pecho de su implicación personal en el asunto. «No hay relativismo en la defensa de los Derechos Humanos ni de la legalidad en el mundo», alegó. Antonio Maíllo reivindicó igualmente la presión ejercida de su partido y advirtió de que el PSOE debe empezar a asumir que el Gobierno es bipartito y que no hay un socio principal y otro que está «de prestado», pero también se dio por satisfecho.

En el resto de la izquierda, sin embargo, el asunto todavía colea. Podemos, en competencia descarnada con Sumar desde hace más de un año, dio por hecho que pese a todo el Ejecutivo seguirá comerciando con Israel. Su líder, Ione Belarra, se hizo eco en X de una información de eldiario.es que apunta que España ya ha adjudicado o formalizado 40 contratos de compra de material militar a Israel por más de 1000 millones de euros desde el inicio de la guerra y aseguró que se ha permitido que el puerto de Algeciras sea punto estratégico    en el tráfico de armas entre Estados Unidos e el estado judío y que desde Zaragoza se envien 60.000 piezas de armamento a Tel Aviv.

Pero también Bildu ERCy el BNG sostienen que el Gobierno incumple sus compromisos, exigen «responsabilidades» y han registrado una solicitud de comparecencia urgente de Marlaska en el Congreso.