Sánchez se entrega en brazos del independentismo catalán

Pero vayamos por partes. Los primeros meses de 2023 hasta la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo se desarrollaron sin muchos sobresaltos, con una inútil moción de censura presentada en marzo por Vox, con el economista, escritor y exdirigente del PCE Ramón Tamames como candidato presidencial, que fue tumbada por el Congreso; con la reforma de la polémica ley conocida como del 'solo sí es sí' y la aprobación de la primera ley estatal de la vivienda; y con el destape de alguna trama de corrupción, como el denominado 'caso Tito Berni' que salpicó de lleno a los socialistas.

Y se llegó a dos de los días clave del año por lo que supondrían en la vida política española. El inesperado y catastrófico resultado cosechado por los socialistas en dichos comicios autonómicos del 28-M dio paso a la inmediata reacción del presidente Sánchez, que menos de 24 horas después de la debacle anunció el adelanto a julio de unas elecciones generales previstas para finales de este 2023 o principios de 2024.

La campaña electoral, en pleno mes vacacional, no hizo sino confirmar la creciente polarización entre los dos bloques políticos, incapaces de reconciliarse. Y pese a que la mayoría de las encuestas auguraban un nuevo escenario con una victoria del Partido Popular, que podría acceder a gobernar con el apoyo de Vox, el resultado de las urnas dejó a los de Alberto Núñez Feijóo con la miel en los labios y devorados por sus propias expectativas: el PP logró, sí, una mayoría parlamentaria de 137 diputados (por 121 del PSOE), pero insuficiente para completar una mayoría absoluta con ayuda de otros grupos (Vox se quedó en 33 parlamentarios) en su propósito de alcanzar la Moncloa.

Así pues, los resultados electorales dejaron abierta a Pedro Sánchez la posibilidad de seguir gobernando, aunque quedaba, sí o sí, a expensas del apoyo expreso de nacionalistas e independentistas. Especialmente, del huido de la Justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, mutado de la noche a la mañana en un líder venerable. Esa opción cobró fuerza cuando, a mitad de agosto, el respaldo de nacionalistas y soberanistas otorgó la presidencia del Congreso de los Diputados a la candidata socialista, Francina Armengol.

Daba el expresident catalán al por entonces presidente en funciones la primera victoria frente a los populares, pero dejando claro que él, con los siete votos de sus parlamentarios, iba a condicionar el futuro político del país. Y, entre sus imposiciones irrenunciables, abordar la amnistía del 'procés' y el referéndum de autodeterminación en Cataluña, y, como primera condición, la aceptación del uso del idioma catalán en la Cámara Baja. Un mes después, el 19 de septiembre, el gallego, el euskera y el catalán se hacían presentes por primera vez en el hemiciclo.

Pese a ello, como candidato del partido más votado el 23 de julio, el Rey propuso a Núñez Feijóo como aspirante a presidente, y a finales de septiembre el líder popular afrontó su investidura consciente de estar en minoría. Como así quedó: el Congreso ratificó su rechazo con 178 diputados en contra y 172 a favor.

La derrota del líder popular impidió una alternancia en el poder y propició que, a principios de octubre, Felipe VI encargara a Pedro Sánchez optar a conseguir de nuevo la confianza del Parlamento. Se abrió entonces un periodo de negociación del PSOE con los partidos a su izquierda, nacionalistas e independentistas catalanes y vascos con la finalidad de armar una mayoría absoluta que permitiera al socialista superar la investidura y seguir al frente del Gobierno.

Atrapado en su encrucijada, Sánchez habló por primera vez de forma explícita de amnistiar a los implicados en la intentona golpista de 2017 en Cataluña. Una amnistía que rechazaba rotundamente por inconstitucional antes de las elecciones generales y que, empero, defendió sin ambages ante el comité ejecutivo del PSOE celebrado el 28 de octubre. Y ello pese a las voces críticas de barones como Emiliano García Page o el hecho de que históricos como Felipe González y Alfonso Guerra estuvieran semanas alertando de los daños que la amnistía puede causar al Estado de derecho.

Pronto, los negociadores del PSOE llegaron a un acuerdo de gobierno con Sumar, coalición creada en la primavera, aglutinadora de los partidos a la izquierda de los socialistas –Izquierda Unida, Más País, Compromís y los comunes– y comandada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y a la que, a regañadientes, se incorporó Podemos (aunque sus cinco parlamentarios rompieron con Sumar a principios de diciembre y se pasaron al Grupo Mixto al verse ninguneados y apartados del poder).

Alcanzado el pacto con Sumar, los socialistas se volcaron en busca del apoyo de nacionalistas y soberanistas, incluso con el envío de representantes a Bruselas para negociar, vis a vis, con Puigdemont. En ese mercadeo a cambio de los votos necesarios para investir a Sánchez, acordaron con los republicanos de ERC una polémica ley de amnistía para exculpar penal, administrativa y económicamente a todos los encausados en el 'procés' catalán desde 2012 y anular los delitos de terrorismo atribuidos a los CDR y Tsunami Democràtic. Los socialistas concedieron también el traspaso a la Generalitat de los trenes de Cercanías (Rodalies) y el perdón del 20% de la deuda catalana con el Estado (unos 15.000 millones de euros) entre la protesta del resto de comunidades autónomas.

La cesión ante ERC se vio amplificada y aumentada cuando, días después, el PSOE prometió a Carles Puigdemont –al que un juez acababa de imputar por terrorismo– la amnistía, incluyendo todas las causas separatistas paralelas; la negociación de un futuro referéndum; y la cesión de todos los impuestos recaudados en Cataluña. Y todo ello supervisado por un mediador internacional.

Para rematar la faena, el líder socialista se comprometió con el PNV a culminar en dos años las transferencias al País Vasco, lo que incluiría la cesión de la gestión de la Seguridad Social.

Esos acuerdos PSOE-Junts provocaron de inmediato el rechazo absoluto de las asociaciones de jueces y de fiscales –hasta las progresistas–, ya que el texto pactado incluye su extensión a los supuestos casos de 'lawfare' o guerra judicial en Cataluña y contempla «comisiones parlamentarias de investigación» –alguna ya creada en el Congreso– que pondrían en la diana las resoluciones de jueces y fiscales. Ello supone, según los togados, una intromisión en la independencia judicial y una «quiebra» del Estado de derecho.

El inédito pacto de Sánchez con todo el nacionalismo catalán y vasco para atar su continuidad se vio refrendado a mediados de noviembre con su investidura por mayoría absoluta del Congreso (179 diputados a favor y 171 en contra). Y a los pocos días la polémica proposición de ley de amnistía impuesta por el soberanismo empezó su tramitación en el Congreso.

Ya investido, y a pesar de haber prometido que no lo haría, el presidente del Ejecutivo entregó a Bildu, moción de censura mediante, la Alcaldía de Pamplona, como moneda por el apoyo de este partido abertzale. Ha sido su último viraje político de este 2023 para ahondar más en una crispación que abonó y regó con su metamorfosis y que la oposición no ha sabido, querido o podido reconducir.