Sánchez deja pasar el primer Consejo de Ministros ordinario sin revalorizar las pensiones

«Si presentan un decreto de medidas sociales individualizado, mañana se revalorizarán las pensiones, habrá bonificaciones al transporte público, ayudas para la dana y todas las previsiones para el Ingreso Mínimo Vital», repitió este lunes el portavoz de Junts, Josep Rius, en una comparecencia en la sede del partido en Barcelona. El Gobierno, sin embargo, no da el brazo a torcer. «La protección social no se trocea, y el decreto ómnibus –arguyó la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz tras un encuentro con sindicatos y patronal– era un decreto que avanza en protección social».

Aunque el decreto afecta a otras muchas cuestiones –ayudas a los afectados por la dana y el volcán de La Palma, un subvención a Ceuta para atender a los menores migrantes no acompañados, deducciones fiscales para el ahorro energético en viviendas y la compra de vehículo eléctrico, una corrección técnica en el nuevo impuesto a la banca reclamada por el Banco Central Europeo, la prórroga del escudo antiopas para blindar empresas estratégicas, asuntos que debían ser resueltos ante la falta de nuevos Presupuestos como la actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos o del Ingreso Mínimo Vital...–, el grueso del discurso político se centra en el asunto de las pensiones. Y para resolverlo, el Ejecutivo tiene algo de margen.

Las pensiones de enero se pagarán actualizadas al IPC porque en el momento en el que se emitieron las órdenes de pago –el día 10 de cada mes– era lo que dictaba la ley. El recorte vendría en las de febrero. Si no está dispuesto a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, eso haría conveniente, en principio, que el Ejecutivo apruebe el nuevo real decreto ley el martes de la semana que viene, 4 de febrero, que es también el día en el que la Mesa del Congreso tendrá que volver a examinar la proposición no de ley de Junts que exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Una proposición cuya tramitación el PSOE no se ha atrevido aún a rechazar por temor a que Carles Puigdemont cumpla su amenaza de romper definitivamente toda relación.

En el Gobierno, aún así, no anticipan nada e insisten en que solo llevarán el decreto al Consejo de Ministros cuando tengan garantizado el apoyo del Congreso, al tiempo que insisten en su estrategia de desgaste al PP. «No derriba el decreto Junts, lo derriba quien tiene en su mano más de un centenar de diputados», argumentó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un desayuno informativo de Europa Press.

Díaz y Sumar no comparten, en todo caso, la calma con la que el PSOE se está tomando la necesidad de resolver una situación que afecta a millones de ciudadanos y, como otros socios de la investidura, como Podemos o ERC, volvieron a dejar claro que habrían preferido que el decreto ley ómnibus se aprobara este mismo martes, sobre todo, teniendo en cuenta que después habría un mes entero para tratar de amarrar su convalidación.

La formación de Ione Belarra incluso acusó a Sánchez de hacer «dejación de funciones» y lo culpó de lo ocurrido el miércoles pasado. «A este tipo de plenos y votaciones no se puede ir sin haber negociado previamente los apoyos con el resto de grupos parlamentarios», reprochó el portavoz del partido, Pablo Fernández. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, recomendó por su parte al Gobierno «un poco de flexibilidad» y no empeñarse en un todo o nada, aunque defendió salvar «todo lo que tiene que ver con el escudo social».

El Ejecutivo replica que en diciembre Junts –que ahora rechaza, por ejemplo, la prórroga de la suspensión de los desahucios para personas vulnerables– sí le dio el visto bueno al texto y que viró de posición después no porque discrepara de su contenido, como asegura, sino para intentar doblarle el pulso en otras cuestiones, como la delegación integral de las competencias sobre inmigración o la compensación por los presupuestos no ejecutados en Cataluña.

De momento, las espadas siguen en alto. Ni Junts ni el PSOE aclaran qué es lo que se está negociando entre bambalinas para reconducir la situación, pero el cruce de este lunes prueba que no ha habido avances. Otro de los asuntos de los que se queja Carles Puigdemont es de que Sánchez le trate, pese a la amnistía, como un delincuente político y no se haya reunido con él. Díaz recordó que ella sí lo ha hecho. Sánchez prefiere, por ahora, guardarse esa baza.