Sánchez defiende que un verificador puede «ayudar» en la negociación con Puigdemont

Sánchez se refirió ayer por primera vez a este asunto, en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje de dos días a Israel, Palestina y Egipto, para argumentar que la figura del relator «puede ayudar» porque su partido y el de Carles Puigdemont parten de «posiciones muy alejadas» y existe entre ellos «mucha desconfianza», y que «todo lo que se haga en esa dirección es positivo». A las reuniones, que se celebrarán de manera mensual en Ginebra, Suiza, supuestamente a partir de la semana próxima, ya la que Junts quiere llevar la celebración de un referéndum de autodeterminación y la cesión del 100% de los tributos a Cataluña, se espera que asistan el expresident, aún prófugo de la justicia, el secretario general de su partido, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, por parte de Junts, y el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con una delegación aún por determinar por parte socialista. Pero el presidente negó haber encomendado a José Luis Rodríguez Zapatero la tarea.

El jefe del Ejecutivo resta importancia a la reacción social y la animadversión que han generado sus acuerdos de investidura -y, en particular, la asunción de una amnistía para los encausados el 'procés' que él mismo veía inaceptable antes del 23 de julio- incluso entre figuras de la izquierda como Felipe González o el exsecretario general de la UGT, Cándido Méndez, y rechaza que sea él quien haya propiciado un clima de confrontación. Es más, alegó que lo que hay ahora mismo en España es una «polarización asimétrica» en la que el PP insulta y él encaja.

A la pregunta de si teme que sus cesiones le supongan algún desgaste, apeló al rechazo que generaron en su momento los indultos a los líderes del 'procés' condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo e insistió en la tesis, ya muchas veces reiterada, de que con el tiempo su apuesta será digerida e incluso defendida. «Tenemos cuatro años por delante – adujo -. Y que haya gente a la que no le guste no significa que un político deba desatender su obligación de asentar la normalidad en Cataluña».

Sánchez que ya en su debate de investidura justificó en la necesidad de frenar a la ultraderecha el inmenso viraje que implica su decisión de dejar impunes los delitos cometidos por políticos independentistas a los que ayudó a frenar en 2017 con el apoyo al artículo 155 de la Constitución, presumió de moderación. Y para ilustrarlo, incluso presumió de que mientras su partido ha hecho una clara «evolución» al pasar de sellar una alianza de gobierno con una formación como Podemos a coaligarse con Sumar, los populares han transitado el camino opuesto y han «involucionado» de «abrazarse» a Ciudadanos a pactar con Vox.

El jefe del Ejecutivo no hizo más comentario sobre la formación morada, que amenaza con utilizar sus cinco diputados para negociar de manera directa con el PSOE y al margen de Yolanda Díaz después de haber quedado fuera del Consejo de Ministros. Sí acusó, en cambio, a Alberto Núñez Feijóo de alentar un «discurso de destrucción» no, dijo, porque rechace la amnistía sino porque no soporta la idea de otros cuatro años de Gobierno progresista. Esa es una idea que tanto él como distintos miembros de su formación llevan ya varias semanas alentando. Pero en esta ocasión, y pese a su argumento de que hay que levantar un «muro» contra la «derecha reacionaria», aseguró que su deseo es alcanzar acuerdos con el principal partido de la oposición.

Uno de los asuntos prioritarios en esa agenda es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace ya casi cinco años. España ya ha recibido numerosos avisos de la UE instando a acometer ya el relevo, pero también a llevar a cabo una reforma legal que permita que sean los propios jueces quienes elijan su órgano de gobierno. El PSOE insiste en que lo primero es una obligación constitucional. El PP se niega a cumplirla, lo que propiciaría que la institución pase de una mayoría conservadora a otra progresista, si no se modifica la norma en el sentido apuntado por Bruselas.

El presidente del Gobierno aseguró que seguirá insistiendo y que habrá que ver cuáles son las medidas que pueden tomarse para aumentar la presión sobre los populares pero rechazó expresamente proceder a una rebaja de las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para lograr su objetivo. La pasada legislatura esa modificación llegó a presentarse como proposición de ley firmada por los socialistas y Podemos, pero el PSOE optó por retirarla ante los advertencias en contra de la Comisión Europea.

El ámbito de la justicia tendrá en este mandato un papel importante. La futura amnistía al 'procés' no solo ha inflamado el debate político, también ha suscitado el rechazo de buena parte de la judicatura. Sánchez replicó que él «nunca» ha cuestionado una sentencia . «El correcto funcionamiento de la justicia es fundamental. Creo que haber presentado la proposición de ley ha dejado las cosas claras; no he oído dudas de constitucionalidad», esgrimió. Con todo, los propios socialistas prevén que los tribunales que tengan que aplicar la norma, una vez sea aprobada, presenten tanto cuestiones de inconstitucionalidad al máximo intérprete de la Carta Magna como cuestiones prejudiciales al TJUE.

El presidente también se refirió al adusto gesto del Rey en su promesa del cargo en el Palacio de la Zarzuela la semana pasada y achacó a «las redes sociales» la interpretación de que el Jefe del Estado no está cómodo con su decisión de aceptar borrar todos los delitos del 'procés' a cambio de los votos precisos para poder mantenerse en el Gobierno. Sánchez sostuvo que tiene con el monarca y con la reina una relación «extraordinaria» y que considera que Felipe VI ha desempeñado un papel «escrupuloso» por el que le está muy «agradecido». «Tiene mi aprecio subrayó y no lo he escondido nunca».