Sánchez llevará al Congreso el 17 de julio su plan contra los «pseudomedios»

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 17 de julio para presentar el plan de «regeneración democrática» que anunció a finales de abril, cuando decidió continuar al frente del Gobierno tras tomarse cinco días de «reflexión». Entre otras propuestas y tras la presión de sus socios, la medida abre la posibilidad a introducir modificaciones en el derecho al honor o el de rectificación y en la ley de publicidad institucional, con pasos como el de establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación que el propio presidente denomina «pseudomedios» pero sin haber aclarado en ningún momento a cuáles se refiere. Todo ello bajo el paraguas de la transposición de la ley europea de Libertad de Medios que España tiene aún pendiente.

A partir de esa fecha, como señaló el propio Sánchez ayer, se abrirá una negociación con todos los grupos parlamentarios «interesados en la misma» –hasta ahora, sus socios, porque la oposición deplora la iniciativa–, tras semanas trabajando en la nueva legislación con el objetivo de refrendarla «después del verano», fijó en una entrevista en la cadena Ser.

La intención del jefe del Ejecutivo es establecer un «máximo» de financiación institucional a los medios porque, denunció, algunos «no tienen lectores, solo recursos públicos». Este cambio en la ley de publicidad institucional afectará también al dinero que destinan ayuntamientos y comunidades autónomas a los mismos. Pero la fecha elegida, antes de agosto, cuando el Congreso cesa su actividad tras habilitar este mes de julio, también responde a las críticas lanzadas durante el pasado ciclo electoral por sus aliados parlamentarios, que acusaban a Sánchez de no dotar de contenido el plan que él mismo había anunciado tras decidir mantenerse al frente del Gobierno. Especialmente, el presidente lanza un guiño a su socio minoritario de Gobierno, Sumar, muy molesto en los últimos meses por el rumbo de la legislatura, que considera «congelada» tras la prórroga de los Presupuestos de 2024.

Sánchez también mostró su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando que «no tiene que dimitir» si finalmente resulta imputado por la supuesta filtración de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España», incidió, en un contexto de ofensiva de la oposición contra el aludido por considerarlo un mero brazo ejecutor de las directrices gubernamentales.

No es el único asunto judicial que afecta al entorno del presidente. Su mujer, Begoña Gómez, está citada el viernes por la mañana en los juzgados de instrucción de Madrid en calidad de investigada por la presunta comisión de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en su actividad profesional. Sánchez insistió en su «absoluta tranquilidad y confianza» porque, apostilló, «no hay nada». «Desde el punto de vista de la máquina del fango, esto es un caso de libro, con bulos y desinformación», se afanó en zanjar.

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