El Gobierno focaliza su plan de recuperación en el coche eléctrico

La relevancia de la electrificación -con más puntos de carga distribuidos por toda España- será la que más dinero acapare de los fondos comunitarios. Muy por detrás, con otros 6.820 millones, se encuentran los programas de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, para instalar paneles solares o hacer más eficientes los inmuebles.

También habrá dinero en inversiones para modernización de las administraciones públicas (4.315 millones), digitalización de pymes 84.000), implantación del 5G (otros 4.000), nueva política industrial y economía circular (3.700), apoyo al sector turístico (3.400), ciencia e innovación (3.380) y despliegue de energías renovables (algo más de 3.100 millones).

Con todas estas inversiones, el Gobierno pretende impulsar el crecimiento económico del país una vez comience la recuperación -dos puntos más de PIB y 800.000 puestos de trabajo-, en lo que Sánchez considera «una oportunidad» que «solo se repite dos veces en la vida», en referencia a la llegada masiva de fondos comunitarios (140.000 millones en seis años), como ocurrió en los años 80 y 90 con el dinero europeo para la modernización de España. Sin embargo, Bruselas aún no ha autorizado esa lluvia de millones, aunque el Ejecutivo tirará de los 27.000 millones presupuestados en las cuentas de 2021 como anticipo a la recepción de ese dinero europeo.

El presidente del Ejecutivo considera que esta es «una situación excepcional» que España debe aprovechar, con un programa que mañana miércoles presentará ante el Congreso de los Diputados, y que consta de 212 medidas: 110 grandes inversiones y 102 reformas públicas. Deberá remitirlo a la Comisión Europea antes de que finalice el mes de abril para después recibir el visto bueno y esperar a su recepción.

Junto a esas previsiones de inversión, el Gobierno también está obligado a presentar un plan de reformas, como le pide la Unión Europea. Y en este punto, Sánchez ha defendido algunas de las medidas más controvertidas que ayer mismo anunciaron dos de sus ministros. Por una parte, la reforma tributaria, con subidas de impuestos como las que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anticipado en referencia a Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. El presidente del Ejecutivo ha recordado que España «debe contar con recursos suficientes» para afrontar el gasto que se va asumir, que es una «recomendación» de Europa para elevar la presión fiscal hasta la media comunitaria y que España «no puede ser una isla» en este sentido. «Ni siquiera el 'rojo y peligroso' Joe Biden es ajeno a acabar con el dumping fiscal», ha indicado en su comparecencia. Lo ha hecho para recordar que la posición de comunidades autónomas como Madrid sobre determinados impuestos es diferente a la de otras regiones del mismo signo político como Castilla y Leon o Galicia.

Por otra parte, Sánchez ha respaldado las medidas anunciadas por su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de cara a penalizar la jubilación anticipada y fomentar la extensión de la vida laboral más allá de la edad legal de retiro. «No es alargar la jubilación sino alinearla con la edad legal y ahí hay incentivos que vamos a ver qué eco tienen en el Congreso», ha señalado.

Entre otras reformas que incluirá el plan se encuentran la que cambiará la legislación laboral -aunque no ha entrado a detallar las modificaciones que propondrán a Bruselas-, la mejora de la productividad, la lucha contra la brecha de género o el impulso de la economía verde y la digitalización.