Sánchez anuncia una empresa pública para construir y gestionar viviendas asequibles

El jefe del Ejecutivo no ha especificado ni cuánto promoverá la iniciativa ni su contenido, en un contexto en el que la ley de vivienda que salvó gracias al independentismo de izquierdas tropieza con los recelos de otros socios -el PNV- por cuestiones competenciales, con las objeciones de los mayoritarios gobiernos autonómicos del PP y con la propia operatividad de la norma, con efectos contraproducentes en su objetivo, por ejemplo, de abaratar los alquileres, según operadores del sector. Y ante el horizonte, también, de una alambicada negociación presupuestaria en la que la formación que viene mostrándose más belicosa en los últimas semanas, Podemos, exige como una de sus demandas de cabecera, una rebaja, a través de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, del 40% en los alquileres. Una propuesta descartada, de entrada, por los socialistas.

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«Vamos a prohibir la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas en zonas de alta demanda y a impulsar la construcción de vivienda en alquiler asequible como nunca antes se ha hecho en España», ha clamado Sánchez ante el millar de delegados del cónclave celebrado en Sevilla que este mediodía cerraba sus puertas (7.000 asistentes en total a la clausura, según ha cuantificado la organización). El compromiso expresado por el presidente, a la espera de traducción, sigue a la aprobación por el PSOE en esta cita congresual de la promesa de incrementar hasta el 6% el parque público de vivienda, porcentaje que aún estaría por debajo de algunos europeos. Un aumento que los socialistas vinculan a la priorización del arrendamiento frente a la compra.

Junto a ello, el partido ha aprobado en su ponencia marco «reforzar el derecho a la vivienda» en la Constitución, algo que exigiría una reforma que no atisba en medio de la toxicidad de la polarización con el PP; el 'desiderátum' de reducir a menos del 7% la proporción de quienes destinan más del 40% de sus ingresos al pago del lugar donde viven (los expertos aconsejan que no rebase el 30%); y la voluntad de reactivar la, por ahora, fallida ley del suelo que el Gobierno tuvo que retirar en mayo no solo por las reticencias de la derecha, sino por la de sus propios socios de Sumar.