Bassa se aleja de Junqueras y desdeña la relevancia del 1-O para el secesionismo

La declaración de la exconsejera de Trabajo tuvo una relevancia capital, tanto en clave política como jurídica. Se trata de un cambio sustancial en la estrategia de ERC, con su abogado Andreu van den Eynde a la cabeza. Del mismo modo, llevó a la sala de vistas la esencia de lo que reveló en junio pasado en una conferencia Clara Ponsatí, procesada en rebeldía y residente en Escocia: «Estábamos jugando al póquer e íbamos de farol».

Con su declaración de este miércoles, Bassa desvistió la arquitectura legal del procés y el idílico referéndum que llevó a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aprobada por el Parlament el 27 de octubre siguiente. La procesada por delitos de rebeldía y malversación de dinero público minimizó el impacto de las leyes de desconexión. Sobre todo, la norma que amparó la consulta, que decía de forma explícita que una mayoría simple de votos el 1-O debería traducirse en una declaración de la república catalana.

De 60 años, esta maestra criada en el sindicalismo de UGT admitió, en línea con los compañeros de PDeCAT ya interrogados (Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull), que desobedeció al Tribunal Constitucional. Afirmó que desatendió hasta seis notificaciones, pero que siguió adelante con la convocatoria del referéndum porque «no era delito» y se sentía una «servidora pública».

«Era una forma de compromiso entre las instituciones y la ciudadanía. El 1-O no fue un acto concluyente para la independencia. Siempre se planteó como algo pactado. La independencia nunca se planteó. La prueba es que estamos hoy (por este miércoles) aquí», relató Bassa, alejándose del núcleo duro de Van den Eynde, su abogado hasta hace solo un año.

De forma previa declaró Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad. Afirmó que el Tribunal Constitucional tiene un «déficit de autoridad moral» para advertir, incluso con la vía penal, sobre las consecuencias de desobedecer sus resoluciones. Aseguró al tribunal que le «honoró» firmar el decreto de convocatoria del referéndum, que en ese momento no había sido declarado ilegal, y minimizó el impacto de la DUI. «Fue una declaración política, solemne», aseguró.

Rull, que como Bassa se enfrentan a 16 años de prisión, subrayó que el 'procés' culminó con la declaración de independencia porque eran conscientes de la línea que traspasaban si seguían adelante. «No queríamos que el Estado nos desplazara de un terreno de juego que era democrático y pacífico».

Licenciado en Derecho, este político barcelonés de 50 años coincidió con su colega Jordi Turull que el Govern «tenía un mandato democrático claro por parte de la ciudadanía», lo que le hizo desobedecer las siete advertencias que recibió en su caso desde 2016.

Rull se amparó en el Tribunal Constitucional de Canadá para justificar sus ideas extensivas en contraposición con las restricciones de la corte española, que ha sido de forma sistemática «instrumentalizada» por el Gobierno central, dijo.

Criado bajo el paraguas político de la familia Pujol, el procesado aseguró que ni el suyo ni ningún otro departamento «gastó un euro público» en el referéndum, tras recordar que las cuentas de la Generalitat estaban «totalmente controladas» por el Ejecutivo de Rajoy.

Otro tema tratado en profundidad en el interrogatorio fue la negativa de su departamento a que atracara en Palamós el buque Moby Dada, destinado a acoger a los policías nacionales que viajaron por el 1-O. Rull explicó que ni el capitán del Piolín ni el Gobierno justificaron la razón de la petición de entrar en el muelle. «Nos explicaron que querían reparar camarotes durante 20 días, pero por operatividad no podíamos aceptar porque los servicios ya estaban comprometidos», justificó Rull. A la pregunta de la fiscal sobre un tuit suyo -«En efecto no les hemos dejado aparcar», escribió-, éste explicó que se refería a la decisión adoptada por la autoridad portuaria catalana.

Los dos últimos acusados en declarar fueron Meritxell Borrás y Carles Mundó, a quienes no les imputan rebelión pero se enfrentan a siete años de prisión por malversación y desobediencia. Ambos coincidieron en que la convocatoria de la consulta fue una «voluntad política», pero señalaron que no se gastó dinero público antes de que el 1-O fuera declarado ilegal por el Constitucional. «Era una clara voluntad del Gobierno», aseguró Borrás al tribunal.