Unas 50.000 personas –100.000 según 'Soria ¡ya!' y 'Teruel existe'– se concentraron ayer en Madrid para protestar por el abandono de las zonas rurales y exigir de los partidos políticos medidas para detener la despoblación. Hoy, el 48% de los municipios españoles tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, considerada baja por la UE, y entre 2011 y 2017, el 62% de las localidades han perdido habitantes, según el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.
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En 2007 se promulgó una bien intencionada ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que la crisis arrasó antes de nacer. El problema no es solo español. De hecho, la Política Agraria Común se creó para evitar la desertización del campo europeo, pero evidentemente tal acción no ha sido suficiente y urgen medidas que mantengan vivo el territorio frente a la tendencia a concentrar la población en las grandes urbes.
Paradójicamente, la digitalización y la creación de las modernas redes de comunicación deberían contribuir a mitigar el problema, ya que buena parte de los nuevos trabajos digitales requieren un acceso de calidad a internet, esté donde esté. Pero para que estos nuevos puestos de trabajo se establezcan en pequeñas localidades o en territorios periféricos es preciso que se creen dotaciones suficientes, que mejore la calidad de vida en el entorno rural, al que han de llegar los tentáculos de los grandes servicios públicos.
La influencia política de los territorios despoblados es evidente –las 26 provincias menos pobladas representan 99 escaños– y los partidos son conscientes de ello (ayer había numerosos líderes y cuatro ministros en la manifestación).
El PSOE ha presentado una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con medidas multidisciplinares, que no faltan tampoco en los demás partidos. Pero las soluciones son genéricas: se menciona una reducción de las cargas administrativas y fiscales, y en concreto del IRPF, pero es evidente que la gente no emigra por excesiva presión fiscal sino por falta de oportunidades y servicios, por lo que sería mejor arbitrar un sistema de ayudas directas, que incluya el abaratamiento de los suministros –electricidad, internet–, e incluso la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural, como algunos reclaman, para que el problema no se diluya de nuevo bajo la burocracia diaria
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