Se acabó el juego del ratón y el gato entre Puigdemont y Llarena

No obstante, lo primero que tendrá que resolver la Corte de Apelación de Sassari en Cerdeña es si se declara competente para entender del caso. Los abogados de Puigdemont le harán saber este viernes que existe un procedimiento abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para decidir si se le devuelve la inmunidad como eurodiputado (fue elegido en los comicios continentales de mayo de 2019) y logra con ello parar los trámites de su posible entrega a España. De hecho, así lo solicitó el propio expresident entre otras medidas cautelares, pero los magistrados europeos rechazaron a finales de julio anticipar cualquier tipo de actuación en ese momento.

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Lo que sí hizo el Tribunal de la UE fue avisar a Puigdemont de que si el perjuicio alegado –que entonces parecía más teórico- era lo suficientemente probable o corría riesgo de materializarse –por ejemplo, con su detención durante un viaje como eurodiputado como ha ocurrido ahora- podría interponer otra demanda y, solicitar de nuevo que temporalmente se le devolviera la inmunidad parlamentaria. De hecho, los magistrados europeos citaban como ejemplo justificativo de ello, amén de su posible arresto, que se realizase alguna actuación tendente a su entrega a las autoridades españolas.

Lo cierto es que, según señalaron este jueves por la noche fuentes judiciales, la justicia española no había realizado una nueva acción contra el expresidente catalán. Precisaron en este sentido que la orden de búsqueda y captura que ha permitido ahora su detención fue dictada en octubre de 2019 por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, y ha seguido vigente en todo momento. A Puigdemont, procesado en rebeldía, le imputaba los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, los mismos por los que fueron condenados aquellos y luego indultados parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La única orden que se retiró fue la dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Y precisamente lo hizo el propio Supremo en diciembre de 2017 al asumir la competencia del caso para las personas aforadas. La duda jurídica ahora es si el Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo y que tiene pendiente de resolver aún el pleito que mantienen las justicias española y belga por la extradición fallida de Puigdemont en 2020, decide tomar cartas en el asunto. Así lo van a pedir sus abogados para que recupere su inmunidad parlamentaria y no tenga que responder, por ahora, ante la extradición que presumiblemente pedirá España a Italia en cumplimiento de la solicitud de Llarena.