Sánchez cede y blinda a Puigdemont con una amnistía del terrorismo y la traición a la carta

Ni la nota firmada por los tres partidos ni el jefe del Ejecutivo avanzaron el contenido del acuerdo, pero Sánchez sí admitió que lo que ha pretendido el PSOE es ofrecer al expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, más garantías de que también él quedará cubierto la ley. Fuentes de Junts aseguran además que la ley amparará también ahora los delitos de terrorismo y traición «adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español» y desde el ámbito socialista se confirma que solo quedarán fuera «los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia del Estado» y «la corrupción que suponga enriquecimiento personal».

En concreto, las citadas fuentes apuntan que, en materia de terrorismo, los supuestos que no podrán ser amnistiados serán aquellos que vulneren "tanto la Directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos". De esa manera se trata de incluir los sucesos del Prat tras la sentencia del 'procés'.

Y en el caso de los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, se rechaza la amnistía de "cualquier delito que haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países". Es decir, que haya implicado "una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España".

Hay, además, otros cambios. Como pretendía Junts, se amplía el plazo de la cobertura de la norma desde el 1 de noviembre de 2011, de manera que quedarán amparados todos aquellos que tienen causas relacionadas con el 'procés' en el Tribunal de Cuentas. Pero también se abre la puerta a la devolución de las sanciones administrativas "menos graves" en materia de "seguridad ciudadana".

Sacar adelante la amnistía siempre ha sido para el presidente prioritario porque sin ella no será posible apuntalar siquiera mínimamente una legislatura marcada por la inestabilidad y ahora zarandeada, además, por el 'caso Koldo'. En su entorno había voces partidarias de no volver a dar el brazo a torcer ante los posconvergentes, poner «pie en pared» y apretar los dientes a la espera de que volvieran a llamar a su puerta más adelante. Pero él ha preferido amarrar un acuerdo de pájaro en mano que, en principio, y según dejó caer ayer el senador de Junts Josep María Cleríes allanará también el camino a los Presupuestos Generales del Estado.

Tanto el presidente del Gobierno como su principal negociador, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistieron ayer en que la polémica ley, diseñada para garantizar la impunidad a todos los implicados en el 'procés', seguirá respetando la Constitución y el Derecho europeo. Y ambos dieron una pista de cuál es el paraguas bajo el que se refugiarán para justificar la pulcritud de las modificaciones pactadas: el informe de la Comisión de Venecia, aún no aprobado pero filtrado de manera adelantada el pasado viernes por la Moncloa, y al que también se hace referencia en el comunicado tripartito.

El órgano consultivo del Consejo de Europa cuestiona en el borrador de su dictamen sobre la amnistía el procedimiento de urgencia al que han recurrido los socialistas para sacar adelante una norma tan sensible y excepcional, siembra dudas de que en las actuales condiciones sirva al «legítimo objetivo» de lograr la reconciliación social y política y recomienda regular este tipo de asuntos en la Constitución. Pero Junts y el Gobierno encontraron también en sus 26 páginas argumentos para componer la solución imaginativa que buscaban, justo cuando la negociación había recibido una sacudida importante: la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal por terrorismo contra Puigdemont, pese al intento del fiscal general de evitarlo.

La razón por la que Junts votó el 30 de enero contra la ley de amnistía fue, precisamente, el temor a que la inclusión del expresidente de la Generalitat en la causa de Tsunami Democrátic, en ese momento en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y en la 'trama rusa', investigada en un juzgado de Barcelona, le impidiera beneficiarse de la norma, dado que el texto excluía, expresamente, determinados supuestos de terrorismo así como la traición al Estado.

Sánchez rechazó aclarar si la enmienda transaccional negociada con Junts y ERC afecta de lleno a esas cuestiones como sostiene el partido de Puigdemont. «Quedan pocos minutos o pocas horas; ya lo verán», arguyó ayer en una rueda de prensa junto al presidente brasileño Luis Inazio 'Lula' Da Silva. En todo caso, Junts ya defendió el viernes que conforme a la Comisión de Venecia «no existe impedimento legal ni jurisprudencial para amnistiar hechos presentados como delito de terrorismo» y de «traición».

En una parte del borrador del dictamen, el órgano consultivo (asesor de los países que forman parte del Consejo de Europa y ajeno a la UE) habla de la anterior redacción del artículo 2.c , ya modificada, en la que se excluían de la amnistía solo los delitos de terrorismo con sentencia firme. «La amnistía –dice– suele aplicarse también a los procedimientos pendientes, por lo que el criterio de la etapa del procedimiento debería ser irrelevante». De ahí sacan su conclusión los de Puigdemont, que también resaltan esta otra afirmación: «La Comisión subraya que los límites establecidos por el derecho internacional se relacionan con violaciones graves de derechos humanos, que no necesariamente son lo mismo que crímenes graves según el Derecho interno».