La Policía Nacional descarta el espionaje ilegal a Podemos en sus orígenes

El juez Pedraz admitió en febrero la querella que interpuso Podemos contra cargos del Ministerio del Interior y de la Policía de la época del Gobierno de Mariano Rajoy por presuntas investigaciones irregulares al partido. En su escrito, la formación morada señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».

El pasado julio, un informe de Asuntos Internos afirmaba que sin orden judicial se había consultado detalles sobre los expedientes de 55 diputados de Podemos entre los que se encontraban Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Íñigo Errejón o Irene Montero, entre otros. Asuntos Internos dejó caer entonces la posibilidad de que esos seguimientos hubieran sido realizados por orden de la 'policía patriótica', la camarilla parapolicial dirigida por el comisario jubilado José Villarejo en el seno del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz y que tenía como propósito sacar o inventar 'trapos sucios' en contra de rivales políticos.

Sin embargo, los actuales responsables del CNP –según han informado diferentes fuentes de la investigación- niegan esa tesis y afirman en sus comunicaciones a Pedraz que no hubo ninguna irregularidad y que los seguimiento fueron la respuesta de la petición de ayuda de, entre otros, el responsable seguridad del partido, Sergio Illanes, después de que Iglesias o Errejón comenzaran a recibir cartas amenazantes tras saltar a la primera fila política al obtener cinco eurodiputados en 2014.

La Policía relata que se hicieron búsquedas en bases de datos de vehículos, hoteles y viajes para brindar protección a los líderes de Podemos en 18 actos públicos, después de que la propia formación remitiera la información sobre la participación de miembros destacados del partido por entonces.

De forma paralela, el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez compareció este lunes ante el juez en calidad de investigado. Negó que diese o recibiese órdenes para realizar investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre varios cargos de Podemos, según han señalado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

El ex número dos de Interior ha asegurado, según las mismas fuentes, que conoció el informe PISA y otras de las actuaciones que están siendo investigadas a través de los medios de comunicación. El citado informe, en concreto, hacía alusión a una supuesta financiación ilegal de Podemos que llegó a ser investigada por el juez Manuel García-Castellón, ya jubilado.

En su declaración, la primera que tiene lugar desde que el magistrado Pedraz abriese la causa, Martínez ha descartado referirse o responder a preguntas relacionadas con los chats extraídos de su teléfono móvil, por los que pidió la nulidad de la investigación. Y es que en su dispositivo habría reconocido estas investigaciones parapoliciales. No obstante, el exdiputado del PP ha respondido que nunca habló con el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino (declara este martes), o con los otros comisarios investigados sobre esas presuntas investigaciones a Podemos.

Podemos asegura que los querellados, bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Estado de Seguridad, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política». Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.