Cada anuncio que Pedro Sánchez realiza en materia de vivienda es asumido automáticamente por Podemos como propio. La cuestión se ha convertido en el asunto central de la precampaña del 28-M para los socios de la coalición y este martes, inmediatamente después de que ... el presidente del Gobierno confirmase, durante su comparecencia en el Senado, la creación 20.000 nuevos pisos sociales, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, desdeñó la operación al subrayar que la ley de vivienda, que se votará mañana en el Congreso, «ya contempla» el aumento del parque público.
Publicidad
En concreto, la secretaria general de Podemos, que convocó a los medios en el pasillo de la Cámara alta mientras el pleno continuaba dentro, recordó que la norma recoge que el 40% de las nuevas promociones deben destinarse a vivienda protegida y, dentro de este porcentaje, la mitad a alquiler social. Belarra puso cara de póker al ser preguntada sobre si había sido informada previamente del anuncio de Sánchez y también evito pronunciarse sobre si esta medida le parecía «electoralista»:«Eso lo decidirán los ciudadanos».
El pulso se produjo en una jornada en la que Podemos empezó a asumir su soledad en la propuesta que realizaron el domingo para introducir en la norma una limitación a los pisos turísticos. «Es una polémica desenfocada», la calificó el diputado de EH Bildu Oskar Matute, uno de los negociadores de la ley de vivienda, tras rechazar de forma tajante la medida. El político vasco coincidió en su argumentación con la postura del PSOEy señaló que esto supondría una «invasión de competencias». Por ello se mostró «extrañado» de que los morados «no se hayan dado cuenta de ello».
Noticias Relacionadas
El portavoz parlamentario del grupo morado, Pablo Echenique, que este martes regresó al Congreso tras recuperarse de una neumonía, se mostraba aún confiado en poder introducir esta medida en la redacción final de la norma, y lo argumentó porque cree que «cabe y puede ser beneficioso». «Es simplemente un límite, solo hace falta voluntad política», añadió.
Publicidad
El otro escollo que existe para introducir esta modificación de última hora es que durante la comisión de la semana pasada tanto Unidas Podemos, como Esquerra Republicana y EH Bildu retiraron todas sus enmiendas vivas. De hecho, el grupo que pidió incluir instrumentos en comisión para regular los pisos turísticos fue el PNV, que finalmente decidió abstenerse en comisión para intentar alcanzar un acuerdo al respecto. Por tanto, tendrían que negociar, en menos de 24 horas, una transaccional con formaciones minoritarias que aún las mantienen, como Más País,Compromís o la CUP. Además de recabar el apoyo necesario.
El PSOE, como ya venían avisando desde hace días, también cerró este martes la puerta a Podemos a regular esta posibilidad. Los socialistas defienden que ya se ha llegado «a los máximos de regulación» y que la ley «proporciona» un marco estatal que ofrece a las comunidades autónomas «las herramientas suficientes» para regular las políticas de vivienda, como señaló su diputada Isaura Leal.La pelota está, sostienen en Ferraz, en el signo político de cada administración, que deberá decidir el destino de los pisos turísticos. «Nosotros abogamos por regularlos», zanjó Leal.
Publicidad
Pese al rifirrafe, azuzado por la pugna por ondear la bandera de la vivienda en campaña, todos estos grupos coinciden en que la ley saldrá adelante mañana «sin problemas». El Gobierno cuenta con los votos de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Esquerra, los partidos que negociaron directamente la normal, y también con el aval de Compromís y Más País, lo que suman 175 votos. Aunque la mayoría absoluta no será necesaria –bastará con más síes que noes– las abstenciones del PNV, BNG y la CUP posibilitarán su aprobación frente al no dePP, Vox, Ciudadanos y otras formaciones.
La otra batalla competencial que divide a Podemos y a los socios del llamado bloque de investidura se libra en la ley de familias, proyecto estrella del Ministerio de Derechos Sociales ya ha registrado una enmienda a la totalidad por parte del PNV, que considera que la norma «dispara el control estatal para dirigir» a las Comunidades Autónomas.
Publicidad
ERCy Bildu también negocian con el ministerio de Belarra para «borrar» estas «invasiones competenciales». «Están siendo muy receptivos, lo valoramos», reconoció Matute.
0,99€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.