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Nada de la actuación de la Fiscalía de Madrid en la causa que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios está siguiendo los cánones habituales. El millar de páginas repartidas en dos tomos que ya engrosan las diligencias ... previas abiertas el pasado 16 de abril –y a las que ha tenido acceso este periódico- revelan el interés desmedido e inusual del Ministerio Público por un anodino procedimiento judicial, similar a los centenares de miles de procesos abiertos por los juzgados de primera instancia e instrucción de toda España, con la única diferencia de que la persona «investigada» es la mujer del presidente del Gobierno.
Los documentos de las Diligencias Previas 1146/24 ponen de manifiesto que la Fiscalía ha movilizado hasta cuatro miembros de su equipo para ocuparse de este asunto desde que el 25 de abril se personara en la causa tras notificársele la apertura de la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez. Ese mismo día el fiscal José Manuel San Baldomero firmó el primer documento del Ministerio Público en la causa. Sin embargo, el 18 de abril, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ya había asignado el estudio de la denuncia ante el Ministerio Público a la fiscal Ana Belén Alonso González. La propia Alonso decretó archivo de las diligencias preprocesales ante la constatación de un caso por los mismos hechos en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Una cuarta fiscal, Virma Alonso, la decana de la sección de especialistas en delitos económicos, ha sido movilizada en este caso, hasta el punto de que corrigió algún error de la primera intervención de la fiscalía en este proceso, el recurso de apelación del 25 de abril.
Ese recurso, en sí, también tiene todo tipo de particularidades. No se conocen antecedentes, al menos recientes, de que la Fiscalía de Madrid haya presentado una apelación reclamado el inmediato archivo de una causa menos de 24 horas después de que el juzgado le hubiera notificado la apertura del caso.
También es «muy poco habitual» que el Ministerio Público se decante por un recurso de apelación, y no de reforma primero ante el propio instructor, puenteando así al juez Juan Carlos Peinado, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado igualmente las alegaciones de la Fiscalía, avalando la investigación contra Gómez por entender que existen «indicios delictivos» en sus cartas recomendación a un empresario amigo que luego fue beneficiado con más de 20 millones de euros de concursos públicos.
Igualmente ha levantado todo tipo de suspicacias en los juzgados de Madrid el hecho de que la Fiscalía se opusiera frontalmente a la apertura de una investigación incipiente y que lo hiciera totalmente 'a ciegas', tal y como ha revelado el levantamiento del secreto del sumario. Y es que el Ministerio de Público planteó su recurso de apelación pidiendo el inmediato de la causa sin esperar si quiera a conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que un mes después aseguraría que no hay indicios para atribuir delitos de corrupción al mujer del presidente. Un documento que habría servido de valiosa munición para el recurso de apelación, pero que los jueces no valoraron por las prisas del Ministerio Público en reclamar el archivo de la causa. El sentido exculpatorio del informe de la UCO fue adelantado en exclusiva por el diario El País el 20 de mayo, solo horas después de entregarse en el juzgado -tal y como recoge el sumario- y cuando la causa estaba aun secreta, por lo que solo tuvieron acceso a ese documento el juez y la Fiscalía Provincial de Madrid.
Los documentos de las Diligencias Previas 1146/24 ponen de manifiesto no solo la febril actividad de la Fiscalía en forma de escritos continuos al juez Peinado, sino el durísimo tono descalificativo a la actuación del magistrado. En uno de sus últimos escritos, el Ministerio Público tildó de «chocante» que Juan Carlos Peinado «persista en el error» de seguir adelante con la investigación contra la mujer de Pedro Sánchez.
Tampoco es habitual que el juez haya llegado al extremo de reprochar formalmente a la Fiscalía su desmesurado interés por la causa. En el sumario figura el oficio en el que el magistrado reprueba al representante del Ministerio Público su «insistencia» desmedida en conocer todos los detalles de su investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno, antes incluso de que el propio magistrado dicte sus resoluciones. Un interés por la causa «totalmente inhabitual», en palabras del juez, que ha llevado al magistrado a encargar al letrado de la Administración de Justicia un informe sobre cuántas veces el representante del Ministerio Público se ha pasado por el despacho para interesarse por la situación de las pesquisas sobre la esposa del jefe del Ejecutivo.
En esa providencia, con fecha del 23 de mayo, el juez llegaba a quejarse «insistencia» de la acusación pública «en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse».
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