Así era la trama corrupta de la Guardia Civil: «presupuesto sin visita previa» y trabajos ficticios

En esa resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, los jueces se negaron a atender la petición del mando de Ávila (provincia que está en el origen de esta macroinvestigación), quien alegaba que básicamente él se había limitado a seguir las instrucción del teniente general Pedro Vázquez Jarava, principal acusado en este sumario, de contratar todas las obras con Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon'. Tejera es el empresario canario cuyo nombre aparece en el caso 'Mediador' como amigo tanto del general Francisco Espinosa Navas, en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la trama del diputado socialista de 'Tito Berni', como del coronel José María Tienda Serrano, hasta este miércoles máximo responsable de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, cuando fue cesado precisamente por su estrecha relación con 'Mon'.

Los magistrados de la Audiencia, para rechazar el recurso de apelación de Alonso, desgranan con todo detalle el 'modus operandi' de la trama corrupta de los cuarteles, en cuya cúspide sitúa a 'Mon' y a Jarava. Una red, dejan entrever, que operó básicamente amparada en la práctica ausencia de control de las cuentas en las comandancias de la Benemérita.

Los documentos obrantes en el sumario ponen de manifiesto el descaro de ambos a la hora de facturar cualquier trabajo al erario público. La desfachatez llegó al extremo de hacer estimaciones de costos de labores de reparación en los edificios oficiales sin que siquiera los técnicos de las tres empresa de Tejera que se vieron beneficiadas por las adjudicaciones a dedo -«Angrasurcor, S.L.», «Solocorcho, S.L.» y «Canarycork, S.L.»- se hubieran pasado previamente por las instalaciones supuestamente defectuosas. 'Mon' «emitió los presupuestos sin visitar los cuarteles», zanja el tribunal de Madrid.

Es más, a veces el empresario canario y el general pactaban la reparación de edificaciones que ni siquiera requerían actualizaciones. La investigación ya ha constatado en muchos de los contratos «la ausencia de constancia de un estudio previo de necesidad de dichas labores en los acuartelamientos de la Guardia Civil», señalan los jueces madrileños.

La Audiencia Provincial insiste en que ve indicios de delitos de corrupción también en la «inmediatez» que existía entre «entre la presentación de algunas de las facturas, su visado (en el que el caso de Ávila participa el teniente coronel que pedía el sobreseimiento de los cargos) y su presentación al cobro».

Los investigadores de la unidad de Asuntos Internos de las Guardia Civil -recuerda la resolución- ponen el énfasis en lo inaudito de contratar empresas tinerfeñas para pequeños trabajos en la península. Pero también estos agentes certifican la «discordancia entre los trabajos realizados y el contenido de las facturas», al margen de que en muchos casos los trabajos que se pagaron ni siquiera llegaron a realizarse o solo se llevaron a cabo de manera parcial.

Los magistrados desvelan que el propio empresario ha reconocido ya en sede judicial «existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado».

También -explica el tribunal- al menos cuatro testigos, mandos de la Guardia Civil todos ellos, han certificado la existencia de otras irregularidades como: falsificaciones de firmas de terceros empresarios; endosamiento de facturas por trabajos supuestamente realizados en otras comandancias; intercambio de facturas por trabajos en diferentes cuarteles; facturas ficticias que pagaba el instituto armado para saldar deudas entre empresarios a modo de «forma rápida» de cobro; «aumento de crédito a final de año para la realización obras menores»; fraccionamiento de facturas para evitar los controles; o ausencia de supervisión de los trabajos supuestamente realizados».

En total están siendo investigadas en este sumario 193 obras, sobre todo pequeños trabajos de impermeabilización, en las comandancias de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.

La Audiencia de Madrid revela en su resolución que, hasta ahora, se han localizado adjudicaciones presuntamente irregulares a 'Mon' entre 2008 y 2019 por valor de 3.302.654,42 euros. «En todos los casos, trabajos pagados pese a no haberse ejecutado o haberse ejecutado parcialmente», zanja la resolución.

Ese mismo documento judicial asegura textualmente que además de los dos mandos de la Guardia Civil ya conocidos – el general Vázquez y teniente coronel Alonso- ha «declarado como investigado ante la Guardia Civil» un comandante responsable de la Jefatura de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante, cuya identidad no se revela.