Montero aguanta el envite de Díaz y se mantiene firme en la tributación del SMI

Que finalmente el ala socialista del Gobierno se acabe moviendo y flexibilice su posición entra dentro de lo probable e incluso en el propio partido muchas voces dan por sentado que será lo que ocurra. Montero, recuperada ya de la gripe que la había tenido fuera de juego en los últimos días, insistió en que Sánchez agotará la legislatura con Sumar y admitió que esa voluntad exigirá «dialogar hasta la extenuación». Sin embargo, también dejó claro que su prioridad, ahora mismo, es hacer «pedagogía» y explicar el porqué de una postura en la que no ha encontrado respaldo alguno y ni entre el resto de partidos ni entre los sindicatos.

El mensaje en el que se insiste desde la Moncloa es que «la decisión está tomada» y no habrá marcha atrás. «Respetamos la posición de Sumar. Podemos dialogar, hablar, pero la postura del PSOE es firme y decidida. Desde el respeto máximo, pero no es una negociación. No vamos a cambiar de opinión», reiteran.

Nadie, en los tres días transcurridos desde que el martes estalló a la vista de todos, en plena comparecencia tras el Consejo de Ministros, esta crisis había hecho hasta ahora el esfuerzo de explicación al que este viernes se entregó la vicepresidenta primera. Y en las propias filas del PSOE algunos muestran su estupefacción porque se haya tardado tanto, porque no haya habido una estrategia de comunicación para abonar previamente el terreno para lo que vendría.

Montero, alegó, no obstante que ya el año pasado, cuando, coincidiendo con la subida del SMI, se elevó también el mínimo exento de tributación por tercera vez desde 2022, se dijo que sería la última. Desde Sevilla, la también líder de los socialistas andaluces no ocultó su malestar con Díaz y reiteró algo que ya habían dejado caer ya otros ministros como el de Economía, Carlos Cuerpo: que cuando se discutió el alza del SMI para 2025, los expertos consultados pusieron sobre la mesa una horquilla que iba del 3,2% al 4,4% y que en su informe ya estaba claro que la opción del 4,4%, por la que finalmente se optó, supondría superar el mínimo exento de tributación. «No tengo duda de que Yolanda Díaz habrá leído ese documento de la A al a Z», dijo Montero. Sumar replica que eso también fue así en 2024 y, sin embargo, el Gobierno cambió la ley para evitar el pago de IRPF.

En su larga y prolija explicación, la vicepresidenta primera remarcó que lo que durante todos estos años ha perseguido el Gobierno es que el salario mínimo deje de ser un salario «de subsistencia» para ser un sueldo «digno», como ocurre en otros países como Francia o Alemania, donde, subrayó, sus perceptores sí pagan impuestos. Recordó así que, desde 2018, el SMI ha aumentado en España un 61% hasta los 16.576 euros anuales (14 pagas de 1.184 euros) y ha dejado de ser marginal. «Entenderán que eso significa tener derechos y obligaciones», añadió.

También insistió en que, pese a todo, el 80% de los perceptores del SMI seguirán sin pagar IRPF gracias a diversas deducciones y que solo tendrán que hacerlo en torno a un 20%, fundamentalmente solteros sin cargas familiares, a los que se aplicará un tipo del 1,6%. Pero hizo hincapié en que es importante que la ciudadanía asuma que el mantenimiento del Estado del bienestar, que definió como «salario diferido» y un «colchón» precisamente para las clases trabajadoras, tiene un coste.

Frente a los reproches de Díaz, que replican que la justicia fiscal empieza «por arriba y no por abajo», arguyó que el Gobierno ha consolidado en los últimos años una rebaja fiscal de 5.000 millones de euros para las clases medias y trabajadoras y que si no ha podido crear otras figuras como el impuesto a las eléctricas no ha sido por falta de voluntad sino de mayoría parlamentaria.

Si no llega algún tipo de acuerdo, Pedro Sánchez se enfrentará a una nueva y dolorosa derrota parlamentaria, pero esta vez especialmente crítica porque fracturaría al propio Ejecutivo. Ya hay tres proposiciones de ley registradas, del PP, Podemos y Sumar, para obligarle a rectificar. Montero advirtió hoy de que subir el mínimo exento del IRPF supondría una pérdida para las arcas públicas de entre 1.700 y 2.000 millones de euros porque no solo tendría impacto en las retenciones de quienes cobran el SMI sino en las del conjunto de contribuyentes. Pero sobre la mesa hay otras fórmulas más quirúrgicas.